Según el reporte del viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimonte, emitido en una entrevista de la estatal Bolivia TV este domingo, más de 282 mil familias bolivianas de 170 municipios han sido afectadas por los desastres naturales, que ya se han cobrado la vida de 44 personas, provocado la desaparición de 10 y destruido 473 viviendas.
Los departamentos de Chuquisaca, Beni y La Paz se han declarado en emergencia departamental, mientras que el Beni está en proceso de hacer lo propio.
Se ignora si el informe de Defensa Civil toma en cuenta lo ocurrido también ayer en Andavilque, una comunidad del distrito Catavi del municipio de Llallagua, en el norte de Potosí. Desde allí se ha reportado que una mazamorra destruyó una treintena de viviendas y que dos personas están desaparecidas. Sumando esos números al informe nacional, las viviendas destruidas en el país pasarían del medio millar y la cantidad de desaparecidos llegaría a la docena.
¿Por qué tanto desastre? Si bien es cierto que las lluvias no pueden evitarse, se pueden prever los efectos dañinos de las lluvias y asignar recursos para canalizaciones, diques, muros contenedores y barreras de gaviones que, bien colocadas en las riberas de los ríos susceptibles de elevar sus aguas por las lluvias, evitarían los desbordes de agua o las riadas, los eventos adversos que más daño han causado en esta primera parte del año del bicentenario.
No obstante, los gobiernos municipales generalmente no asumen medidas preventivas de ese tipo ni incorporan los recursos necesarios para obras de esa naturaleza en sus Planes Operativos Anuales (POAs). En el caso de Potosí, donde está Andavilque, la comunidad afectada por la mazamorra, existe un antecedente que, ante lo sucedido, merece tomar en cuenta: si hay municipios cuyos presupuestos son insuficientes para obras preventivas, la Gobernación potosina tiene la capacidad económica para hacerlo debido a que su presupuesto es elevado, como consecuencia de la percepción de regalías mineras.
“Los desastres de hoy han desnudado la alta debilidad institucional en Bolivia y principalmente en Potosí. Es un departamento que anualmente recibe 1.000 millones de bolivianos en regalías mineras que son objeto de corrupción, antes que de proyectos reales. Como ejemplo, en Potosí ya van 45 canchas de césped sintético ejecutadas con un promedio de 3.6 millones de Bolivianos por canchas, mientras no tienes carreteras, menos aún otros proyectos concretos e integrales a nivel departamental”, dijo, al respecto, la asambleísta potosina Azucena Fuertes.
Y aquí está un elemento clave a la hora de analizar lo que a primera vista parece negligencia, pero, en realidad, se trata de algo todavía más grave: la corrupción.
El 16 de junio de 2023, el diario El Potosí informó que, hasta el 27 de abril de ese año, la Asamblea Legislativa Departamental había aprobado presupuesto para la construcción de 33 canchas de césped sintético con un costo que sobrepasaba los 113 millones de bolivianos. “De entonces a la fecha, el monto debió subir, porque los asambleístas del MAS siguieron aprobando más canchas”, dice el reporte periodístico. ¿Cómo es posible que se hayan aprobado millones para construir canchas en lugar de asignar recursos para obras preventivas de los desastres que estamos viendo ahora? En los proyectos de las canchas no hay control de los municipios para ese gasto y se hace más fácil desviar recursos.
La información de El Potosí es del tiempo de Jhonny Mamani, el gobernador que está en la cárcel por corrupción.
