La Policía de Potosí confirmó ayer el fallecimiento de Agapito Reyes Huaytari, un adulto mayor de 88 años cuyo cuerpo no resistió el embate de la mazamorra que se abatió sobre Andavilque, una comunidad del distrito Catavi del municipio de Llallagua, en el Departamento de Potosí.
Se trata de una víctima más de las lluvias que este año, del bicentenario, están causando más desastres que en otros en una triste coincidencia que algunos, maliciosamente, quieren interpretar como un mal presagio.
Pero, supersticiones aparte, hay que apuntar que la mazamorra de Andavilque no solo fue ocasionada por las lluvias sino, también, por los residuos de la actividad minera que son perceptibles desde cualquier parte, al llegar hasta el lugar.
Allí existe una laguna, llamada del Kenko, que está rodeada de pasivos ambientales; es decir, restos de mineral no procesado que forman montículos de color gris y que forman parte del paisaje desde hace décadas. Los operadores mineros, de entonces y ahora, nunca se ocuparon de retirarlos. Lo que pasó es que las lluvias aumentaron las aguas de la laguna y estas se desbordaron hacia Andavilque, llevándose los pasivos por delante. Debido a este detalle, la Corporación Minera de Bolivia debería de haber brindado una explicación, pero no lo hizo, por lo menos no hasta ayer.
Ahí encontramos uno de los muchos efectos de una minería que nunca estuvo debidamente controlada por el Estado.
A los conocidos efectos perjudiciales de la actividad minera descontrolada, especialmente la aurífera, se suma otro que las lluvias copiosas de esta temporada han puesto en evidencia: la afectación de la topografía de las zonas de explotación cuyo impacto amenaza con la desaparición de poblaciones íntegras.
Una gran proporción de la minería aurífera es ilegal en Bolivia. Un análisis de Interpol, publicado en abril de 2022 y que resulta de investigaciones en Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú, afirma que “la extracción ilegal de oro destruye el medio ambiente, provocando la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la destrucción del hábitat, así como la contaminación del agua, el aire y los suelos por la liberación de sustancias químicas tóxicas. Las comunidades locales también sufren por los desplazamientos forzados de población, la corrupción y las violaciones de los derechos humanos”.
En los últimos meses, la destrucción del medioambiente ha tenido un impacto inesperado no solo en regiones tradicionalmente mineras, como Potosí, sino también en el norte de La Paz, donde “hay una intensa actividad minera. Esa actividad (genera), movimiento de tierra que antes era en las laderas y cerros, pero ahora se ha trasladado a los ríos (…). Este movimiento de tierra ha inestabilizado algunas zonas y obviamente eso es lo que está originando las inundaciones, no solamente en Tipuani”, aseguraba a fines de febrero el viceministro de defensa civil, Juan Carlos Calvimontes.
“El pueblo estaba construido sobre el río, pero ahora el río está sobre el pueblo”, alerta el presidente de la junta de vecinos de Tipuani. Y el alcalde ese municipio advierte que “si seguimos al mismo ritmo de trabajo (de explotación minera), en tres años ya no va a haber Tipuani”.
El volumen e intensidad de las precipitaciones, que en los últimos meses superaron los más elevados registros históricos en varios puntos del país, han puesto en evidencia el enorme daño que causa la minería sin control.
Es evidente que los fenómenos naturales son incontrolables. En principio, ese no es el caso de las acciones humanas perjudiciales. Pero hasta ahora, la minería escapa a ese principio, incluso la aurífera, que es relativamente nueva en el devenir histórico del país.
