¿Cuánto se ha hablado de autonomía en lo que de este año? O bien, intentando ser amplios, ¿se habló del tema durante 2024… tal vez en 2023? A todos nos consta que no. Por alguna extraña razón, existe entre los líderes políticos nacionales, todos ellos siempre enfocados en captar aliados y amigos en el eje central del país, una suerte de consenso que da por fallecida la autonomía en toda su extensión. Algunos proponen poco más que llorar en su velorio hasta que se olvide, otros recuperar modelos de descentralización con representantes designados y misiones más concretas —puramente administrativas— y otros hacen anuncios vistosos con las cosas que los vecinos quieren escuchar, sin abordar los temas de fondo.
Por lo general, el planteamiento no difiere demasiado: es el Gobierno central al que cada uno de ellos aspira el que tiene un análisis concreto y válido de lo que sucede en cada lugar del país y, por ende, se trata de darle la confianza en las nacionales para que las cosas funcionen mejor.
Es evidente que esto no se sostiene en la realidad bajo ningún concepto por motivos muy concretos. En primer lugar, la autonomía descrita en el capítulo constitucional del texto aprobado en 2009 no ha sido desarrollada ni siquiera incipientemente en el conjunto del país, y segundo, de haberlo intentado hacer, los múltiples candados interpuestos y las indefiniciones en la distribución de competencias lo hubiera conducido al colapso, pero no ha sido así básicamente porque no se ha desarrollado: la mitad del país sigue funcionando con una Ley Transitoria sin tener un Estatuto aprobado, y quienes lo tienen y han logrado adaptarlo a la Constitución, han acabado escondiendo bajo la alfombra los asuntos más poderosos por la cuestión del dinero, que sigue siendo gestionado desde el Ministerio de Economía, quizá con más celo que nunca.
Potosí es uno de los ejemplos a este respecto. Pese a que el indicio más remoto de autonomía proviene de esa región —allá por el año 1561—, este Departamento no ha conseguido hacer arrancar su proyecto autonómico. Un estatuto departamental que fue alentado en su momento por el MAS fue derrotado en las urnas, pero más por el rechazo a ese partido que por un análisis frío del texto propuesto. A partir de ahí, no se hizo más al respecto puesto que los nuevos asambleístas se ocuparon de otras cosas, entre ellas la construcción de canchas de césped sintético.
La autonomía está construida alrededor de una aspiración de ingresos dependiente de la venta de los recursos naturales, es decir, de las regalías mineras. En esas, las competencias son en prácticamente todos los casos concurrentes, es decir, a merced del entendimiento interinstitucional entre gobierno central, departamental y municipal. El desastre llegó cuando los ingresos se dispararon por encima de las capacidades de administración y se empezaron a tomar decisiones para gastar y no para construir: proyectos faraónicos aprobados sin respaldo plurianual, proyectos de competencia nacional pagados con recursos departamentales y cientos de promesas en todas las comunidades sin pensar apenas un segundo en su sostenibilidad futura.
A estas alturas, el desarrollo autonómico se está dando por fracasado en todo el país y los más audaces, que reclamaron “federalismo” como alternativa, se han callado en siete idiomas.
¿Está agotado el debate sobre la tan decantada autonomía? Al parecer, los políticos ya se olvidaron del tema y lo han archivo sin apenas evaluar las causas que han conducido al fracaso una apuesta que nunca fue del MAS, sino que se incluyó en la Constitución Política por presión popular de los Departamentos del sur y el oriente del país.
