La polémica sobre la cartografía electoral ha encendido las alarmas en la oposición, que denuncia un supuesto favorecimiento al Movimiento Al Socialismo (MAS) en los comicios generales del 17 de agosto. Las modificaciones en las circunscripciones, la reubicación de municipios y la incertidumbre sobre la jurisdicción de territorios cuyos límites no están del todo definidos han generado un ambiente de sospecha e incertidumbre política.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) se lava las manos y afirma que la institución no tiene competencia para definir límites territoriales como exigen, por ejemplo, Santa Cruz y Beni. Afirma que ha sido el Viceministerio de Autonomías el que ha modificado los límites entre ambos Departamentos, alterando la jurisdicción de comunidades como Piso Firme. Esto ha generado tensiones entre las regiones afectadas, en un contexto en el que la cartografía electoral es clave para la distribución de votantes, lo que determinará que las protestas se multipliquen.
Según ha explicado el TSE, la cartografía solo tiene efectos electorales, pero el movimiento de una modesta cantidad de votantes de una a otra circunscripción puede alterar fácilmente las variables electorales y más aún en el área rural en el que un voto tiene una mayor representación que en las ciudades, aunque sea en proporción mínima.
Según la oposición, este tipo de cambios favorecen al MAS al debilitar circunscripciones disidentes. Un caso que sirve para el ejemplo es el de la circunscripción 54, donde el MAS obtuvo solo el 25% en la última elección, pero con la reciente reubicación de municipios como San Ignacio de Velasco, su porcentaje de votos podría aumentar hasta el 37%, lo que le permitiría ganar una diputación.
Estos cambios parecen no advertirse en los Departamentos del occidente, pero afectan la representación de dos tercios del territorio cruceño. Un informe de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) señala que la redistribución de escaños no refleja la realidad demográfica de Santa Cruz y ha propuesto redistribución basada en criterios técnicos y crecimiento poblacional, pero hasta ahora el TSE no ha dado señales de acoger esta propuesta.
En el caso de Piso Firme, el TSE insiste en que su labor es garantizar el derecho al voto de su población, sin involucrarse en debates de delimitación territorial. Este argumento no convence a los sectores críticos, que ven en la reconfiguración del mapa electoral una jugada política para inclinar la balanza a favor del oficialismo.
La redistribución de circunscripciones no es un tema menor. Afecta directamente la representación política y puede ser determinante en los resultados de las elecciones. Si bien el TSE ha afirmado que los cambios responden a criterios técnicos, la oposición y sectores académicos advierten que la nueva cartografía podría consolidar un esquema que distorsiona la voluntad popular en Santa Cruz.
A cuatro meses de las elecciones, el debate sobre la transparencia del proceso electoral sigue abierto. La oposición ha impugnado el nuevo diseño de circunscripciones y exige una revisión basada en datos reales y no en cálculos políticos. En un país donde las denuncias de fraude electoral han marcado la historia reciente, cualquier alteración en las reglas del juego electoral se convierte en una fuente de conflicto. Lo que está en juego no es solo la ubicación de un municipio o el número de escaños, sino la confianza en el sistema democrático y la garantía de elecciones justas. Una consulta popular debería reforzar la credibilidad en ese sistema. Si ocurre lo contrario, la desconfianza ahondará el hueco que se ha causado a la institucionalidad.
