Este sábado, en el ‘Día de la Niña y del Niño del Estado Plurinacional de Bolivia’, se divulgaron estadísticas oficiales respecto a los delitos cometidos en contra de este sector de la población.
Llaman la atención las cifras proporcionadas por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), basándose en datos de la Fiscalía General del Estado boliviano. Esta fuente informó este sábado que, en 2024, se registró un total de 6.968 casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el país, lo que equivale a 19 hechos de ese tipo por día. Los números demuestran que hemos pasado de 1 caso en 1972 a casi 7.000 en nuestros días. ¿Qué ha pasado para que esto ocurriera?, deberíamos preguntarnos todos.
En 1972 se hizo público una denuncia de violación sexual en contra de una niña de cuatro años que había sido secuestrada por Melquiades Suxo, de 54, y su hijo Nazario, de 17. El expediente del caso revela que la menor fue sometida a crueles vejámenes hasta que su débil cuerpecito no resistió y terminó muriendo. Los agresores fueron detenidos y la investigación reveló que también violaron repetidamente a su hija y hermana, Dionisia, que entonces tenía solo 14 años.
Como es de imaginarse, esa historia conmocionó a la población nacional a tal punto que una buena parte de ella pidió la aplicación de la pena de muerte, que no había sido expresamente abolida para entonces. La decisión no la asumió el Poder Judicial, sino el presidente de entonces, Hugo Banzer, quien llevaba poco tiempo de haber iniciado su dictadura. Melquiades Suxo murió fusilado, pero esa pena no alcanzó a su hijo que, aunque llegó a los 18 años cuando se dictó sentencia, era menor de edad en la legislación de aquella vez.
Luego de este hecho, con la presión de organizaciones internacionales, se abolió la pena de muerte en Bolivia, pero, por otro lado, pasaron años sin que se supiera de otro caso de violación a algún menor de edad. Eso se rompió en 1986 con el asesinato del niño Álvaro Tavera Nava. Cuando la autopsia reveló que el niño había sido previamente violado, se marcó una diferencia con el caso Suxo: en esta ocasión, la violencia implicaba el elemento homosexual, atribuido a su asesino confeso, de nombre Gonzalo Peñaranda.
En este segundo caso, en 14 años también se advirtió que el asesino estaba perturbado. Peñaranda no solo admitió su crimen, sino que pidió, expresamente, que le apliquen la pena de muerte. Cuando fue entrevistado, dijo que, si se había fusilado a Melquiades Suxo, lo mismo debería ocurrirle a él; pero, la normativa ya era clara: la pena máxima en Bolivia era 30 años de cárcel sin derecho a indulto y, esa fue la que recibió. Cuando escuchó la sentencia, estalló en júbilo y festejó públicamente. Horas después, el asesino del niño Alvarito se suicidó dejando un preocupante mensaje: como el Estado no se había atrevido a matarlo, según él, hizo justicia por mano propia y contra sí mismo.
Aun con ese antecedente, los delitos sexuales contra menores siguieron siendo la excepción. Por lo menos hasta 1999, cuando la niña Patricia Flores fue encontrada muerta, golpeada y violada. Este fue el inicio de una serie de casos que se incrementaron hasta llegar a la estadística brutal señalada a un inicio.
¿Qué pasó? Aunque ilegal e inhumano, el fusilamiento de Suxo resultó un escarmiento que contuvo a los potenciales violadores. Cuando las penas fueron menores, o cuando el Estado mostró debilidad, los violadores se desataron. Si a eso se agrega el hecho de que un expresidente está acusado de pedofilia, pero, al menos hasta hoy, goza de impunidad, se puede encontrar algunas explicaciones al inadmisible aumento registrado por Unicef.
