Una crisis como la presente, mucho se ha dicho sobre la incidencia que tiene el narcotráfico en la economía nacional y no se conoce que alguien haya refutado esas apreciaciones. Ni siquiera los gobiernos que se sucedieron en los últimos años.
No se puede negar que en Bolivia, y específicamente en el Chapare, se produce la materia prima de la cocaína. Siendo uno de los principales productores de hoja de coca, la nación enfrenta un desafío doble: equilibrar el uso tradicional y cultural de la coca con la lucha contra el narcotráfico y el consumo de cocaína en el mercado local, donde se registran incrementos alarmantes.
El consumo de drogas, particularmente de cocaína, está creciendo entre los bolivianos. Las estadísticas muestran un aumento preocupante del número de adolescentes que prueban y consumen ese alcaloide.
Este fenómeno no solo afecta a la salud física y mental de los jóvenes, sino que también tiene implicaciones profundas en el tejido social y económico del país. La facilidad de acceso a la droga, debido a la producción local, agrava aún más la situación.
Varios factores contribuyen a que los jóvenes se vean atraídos por la cocaína. La presión social y la búsqueda de aceptación entre pares juegan un papel crucial. En muchas ocasiones, recurren a las drogas para escapar de problemas familiares, económicos o académicos. Además, la falta de educación y concienciación sobre los riesgos del consumo de drogas hace que muchos subestimen las consecuencias de probar este narcótico.
El consumo de cocaína tiene efectos devastadores a nivel físico y psicológico. Se corre el riesgo de contraer problemas de salud graves, como enfermedades cardiovasculares, daños neurológicos y afecciones respiratorias. En lo psicológico, está la posibilidad latente de la dependencia, la ansiedad, la depresión y la psicosis. Estos efectos no solo afectan al individuo, sino también a sus familias y comunidades, creando un ciclo de sufrimiento y desesperanza.
Para abordar este panorama, es esencial una respuesta coordinada que involucre a todos los sectores de la sociedad. Las escuelas deben implementar programas de educación sobre drogas que informen a los jóvenes sobre los peligros del consumo de cocaína; las familias deben estar alertas a los signos de consumo y crear un ambiente de apoyo y comunicación abierta con sus hijos; mientras que las autoridades deben fortalecer las políticas de prevención y rehabilitación, asegurando que los jóvenes tengan acceso a recursos y apoyo para evitar o superar la adicción.
El Gobierno juega un papel fundamental. Se tiene que fortalecer las leyes y aumentar los esfuerzos para reducir la producción ilegal de cocaína. Al mismo tiempo, promover alternativas económicas para los agricultores de coca, de modo que no dependan de la producción de este alucinógeno para su subsistencia. Iniciativas como programas de desarrollo comunitario y acceso a mercados legales pueden ser claves.
Esta debe ser una lucha sin cuartel, para evitar que la juventud boliviana caiga en la trampa de las drogas. Un desafío con múltiples frentes, involucrando a la familia, la escuela, la comunidad y al Gobierno. Solo a través de un esfuerzo colectivo y coordinado se podrá proteger a nuestros jóvenes. Y los candidatos a las elecciones nacionales tendrán que tomarlo en cuenta.
