Con las hojas del calendario cayendo inexorablemente, queda menos de un mes para el cumplimiento del plazo establecido para que las organizaciones políticas o alianzas que han anunciado su intención de participar en las elecciones generales del 17 de agosto presenten sus programas de gobierno.
¿Estarán listas sus propuestas al país? Como se sabe, no todas las organizaciones y alianzas han confirmado a sus candidatos a la presidencia, y, lógicamente, la incertidumbre es todavía mayor cuando se habla de los aspirantes a la vicepresidencia. ¿Habrán trabajado en los programas de gobierno que se deben presentar entre el 9 y el 19 de mayo?
Aunque el tiempo apremia, el país aún espera que den el primer paso: aclarar prioridades entre las cuales, obviamente, está la solución a la crisis económica, que ocupa un indiscutible primer lugar.
Hay algunos temas que ya, por calendario, no van, como las decisiones a asumirse sobre la explotación del litio, u otras reformas de calados como la Ley de Hidrocarburos o el Pacto Fiscal. Lo último que necesita el país son experimentos con las normas, y no solo porque alguna “victoria” en ese terreno podría ser utilizada electoralmente, sino por la elemental prudencia antes de la finalización de un gobierno. Las decisiones de fondo deberían tomarse al principio, no al final.
Por otro lado, tampoco tiene sentido seguir bloqueando determinados asuntos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como el crédito JICA de la Cooperación Japonesa, que en parte será destinado a garantizar el voto en el exterior y que son apenas 100 millones de dólares.
En la etapa final de su mandato, Luis Arce no tiene margen para sacar partido electoral con el manejo de esos fondos, y no hay duda de que en su mayoría son créditos muy blandos, con bajo interés y ligados a un fin, por lo que su aprobación debería ser una rutina, máxime si el partido que se opone está alineado con la extendida idea de que es inevitable acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) a por 10.000 millones de dólares (los más optimistas estiman que serán unos 3.000), cuyas condiciones serán mucho más estrictas, no tanto en tipos de interés sino en la exigencia de reformas que pueden resultar excesivas y dolorosas para la población.
Por lo demás, faltan dólares en el país y en esa encrucijada, entretanto llega la hora del voto, el Gobierno tendría que garantizar cierta solvencia que devenga en paz social.
La opción de “agarrar por el cuello a los exportadores y decirles ‘dame tus dólares’”, propuesta por el exvicepresidente Álvaro García Linera, o en su versión ‘light’ y homologable con Argentina, Chile o cualquier otro país del mundo: establecer un mínimo control de capitales que garantice que los dólares generados con la exportación de productos subvencionados por el Estado retornen, también ha sido descartada por los precandidatos, desde Evo Morales hasta Jaime Dunn.
Es importante que las elecciones se realicen en su fecha, pues cualquier maniobra contraria podría acabar siendo un detonante desagradable para todos. Garantizar que se llegue al 17 de agosto en las mejores condiciones de paz social tiene que ser la máxima prioridad. Por eso resultó un alivio la noticia de que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) hayan reafirmado su acuerdo en ese sentido.
