La decisión de fijar un incremento salarial del 10% al salario mínimo y del 5% al salario básico, asumida entre el Gobierno nacional y la Central Obrera Boliviana (COB), generó una serie de críticas desde el momento mismo de su anuncio.
En primer término, se debe tomar en cuenta que se trata de un aumento superior al de los anteriores, precisamente cuando la crisis no apretaba tanto en los bolsillos de los bolivianos.
En concreto, es el más alto de los últimos ocho años.
Sin lugar a dudas, la medida anunciada ayer por el Gobierno es la más difícil de todas las asumidas en este 2025, que tiene la particularidad de ser electoral: el próximo 17 de agosto, los bolivianos están convocados a acudir a las urnas para elegir presidente y vicepresidente y también para renovar la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Pero, hay una diferencia clave que se debe considerar: el incremento salarial vale tanto para los funcionarios públicos como para los empleados de las empresas privadas. Y, en ese sentido, las autoridades deberían ponerse en los zapatos de los empleadores particulares a la hora de fijar porcentajes que están fuera de la realidad nacional.
Una vez más, pese a los insistentes pedidos del sector afectado, esta determinación marginó de las negociaciones a los representantes del empresariado, lo cual le resta legitimidad. Se ha desoído a los empresarios que, con cifras más realistas que las oficiales, advirtieron con suficiente anterioridad que más incrementos irracionales, como el acordado ayer, resultarían contraproducentes porque, en lugar de beneficiar al trabajador, solo lo perjudicarán.
“No hay decreto que tape lo que todos vemos, la crisis es real y cada día más profunda”, escribió en sus redes sociales el presidente de la Cainco de Santa Cruz, Jean Pierre Antelo, entre otras reacciones negativas a la decisión gubernamental.
Si realmente se sopesaran los costos y beneficios de un incremento salarial de tal magnitud, no se dejaría pasar lo que representa el crecimiento anual de la carga social para las empresas privadas del país.
Por una parte, se está produciendo un fenómeno inflacionario —pues uno de los efectos directos de los incrementos es el alza de precios— y, por otra, la economía de las empresas se ve tan afectada que muchas no tienen más alternativa que paralizar sus operaciones. De hecho, se ha reportado ya esta situación en algunos departamentos, lo cual redunda en la pérdida de fuentes de empleo, con todo lo que eso significa en medio de una crisis como la actual y como la que los analistas pronostican.
Al parecer, el Estado no tiene problemas para cubrir los costos de una disposición semejante; en cambio, el sector privado, sí. Y a esto se debe añadir la realidad de las empresas públicas, cuyos trabajadores cobrarán más —en varios casos— sin que las mismas dejen réditos positivos a las arcas del país.
Mientras tanto, los privados tienen que arreglárselas, recurriendo incluso a préstamos bancarios, para cumplir con sus empleados, o, en su defecto, se ven obligadas a cerrar sus puertas.
