El calendario electoral se está ejecutando conforme a lo programado y, mientras las organizaciones políticas concentran sus esfuerzos en la definición de sus candidaturas —no solo para Presidente o Vicepresidente, sino también para diputados y senadores—, la ciudadanía debería proponer temas para que formen parte de los programas de gobierno.
Entre los muchos temas pendientes está el de la autonomía que, aunque constitucionalizada, no se está aplicando como se debiera. Se la incluyó en la Constitución Política del Estado (CPE), pero la Ley Marco de Autonomías acabó por secuestrarla, vinculando cualquier proceso financiero a las autoridades del Ministerio de Economía e incluyendo una gran cantidad de trampas para descabezar las instituciones a poca contradicción o discrepancia que surgiera.
La Ley Marco de Autonomías también remitió a un Pacto Fiscal que a la fecha, quince años después, sigue sin concretarse por diferentes motivos, y uno de ellos es el reparto de competencias. Con la actual CPE, nadie se atreve a asumir responsabilidades.
Resulta tentador criticar los procesos de las últimas dos décadas y concluir que todo se ha malgastado, particularmente por el accionar casi siempre sectario de las organizaciones políticas, pero algo de responsabilidad también existe entre los gobernados. Es tiempo de reflexionar a fondo y fijar prioridades porque, como la historia ha demostrado suficientemente, el centralismo nunca resolvió los problemas estructurales del país.
A estas alturas, el desarrollo autonómico se está dando por fracasado y los más audaces han empezado a reclamar el federalismo como alternativa, sin apenas evaluar las causas que han conducido al fracaso una apuesta que nunca fue del MAS, sino que se incluyó en la CPE por presión popular del sur y del oriente.
Hasta ahora, lo que ha quedado claro es que no hay otra forma más propicia de administrar los recursos y servicios de este país que a través de una descentralización legítima que garantice la eficiencia y la participación local en su máxima expresión. No obstante, la autonomía no ha sido formalmente aprobada en media Bolivia y es tiempo de reconocer que murió apenas unos meses después de su promulgación con la aprobación de la Ley Marco, que puso todos los candados posibles al manejo económico, en realidad, la única fuente de autonomía posible; y si bien en aquel momento se podían entender las reservas, ahora se deben abrir vías para alcanzar los objetivos de autogestión prometidos, pues de lo contrario se empezarán a resentir otros principios elementales que hacen a la cohesión del Estado, ingresando a una deriva que puede no tener retorno, como lo demuestran naciones del entorno o del contexto europeo.
Se necesita retomar el debate de la forma de administración del país ante la ineficacia del centralismo secante y la autonomía tal como está; pero para ello es necesario ampliar las miras, profundizar el debate y conseguir que el poder público se tome en serio su primera misión: la política solo tiene sentido si mejora la vida de la gente.
