La atención que, voluntariamente o no, se impone en torno a las candidaturas, parece desviar la atención de los problemas centrales por los que atraviesa el país: la falta de dólares y la cuestión de los combustibles. Principalmente lo primero, que es lo que sigue jalando los precios de los productos de la canasta familiar hacia el alza.
El Gobierno ha descartado absolutamente acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener liquidez. Los candidatos de oposición, en cambio, apuntan en esa dirección para solucionar —en plazos variables, pero en general cortos— la dificultad de la liquidez, aunque no dicen exactamente cómo después se pagará aquella deuda.
Una parte de la falta de dólares se explica por el colapso del sector de los hidrocarburos. Las empresas operadoras en Bolivia han agotado sus pozos y no se han hecho esfuerzos por encontrar nuevos reservorios. La consecuencia ha sido la pérdida de los dos contratos de largo plazo con Argentina –cuyo mercado está copado ya por su producción no convencional de Vaca Muerta– y de Brasil, donde todavía se pueden colocar algunos volúmenes como un competidor más en el mercado libre.
La otra parte tiene que ver con el no retorno de divisas por parte de los grandes exportadores, que logran importantes márgenes de ganancia en la venta de sus productos gracias a los subsidios estatales pero no reponen esos dólares ante los temores de devaluación o “corralito”.
En tales condiciones, los ciudadanos de a pie acaban siendo rehenes, con un Estado que no tiene nada que vender y unos privados que no reponen sus dólares. A eso se añade la realidad de que el combustible se debe comprar en dólares, que no hay.
Los resultados están demostrando, con preocupante suficiencia que la estrategia del Estado-empresa no funcionó, pero también que muchos de los que hoy le exigen dólares al Gobierno, en su día, se opusieron a todo lo que hiciera que el Estado generara sus propios ingresos operando en los recursos naturales –explorar hidrocarburos, industrializar el gas, exportar electricidad, monopolizar el litio, etc.,– y mucho más creando nuevos impuestos o subiendo el IVA, por ejemplo.
En estos tiempos preelectorales sería adecuado que cada cual hiciera sus planteamientos en serio sobre esta problemática y asumiera las consecuencias. Este ejercicio seguramente facilitaría un pacto de Estado a operarse en la futura Asamblea Legislativa Plurinacional que, con seguridad, estará más fraccionada y de la que se necesitará más política que en la actualidad.
Vistas las cosas desde esa óptica, las elecciones generales del 17 de agosto no vendrán aparejadas de soluciones inmediatas para la crisis que aqueja al país. Se necesitará de acuerdos, de honestidad y de desprendimiento. En otras palabras, oficialistas y opositores del próximo gobierno tendrán que sentarse a dialogar y pensar en todos los bolivianos y no solamente en sí mismos.
