En el sistema electoral boliviano, todos los partidos que quieran concurrir a las elecciones generales deben tener una sigla de ámbito nacional. Esto ocurre en la mayoría de los países, pero no en otras democracias avanzadas donde existen partidos de ámbito regional que aspiran no a presidir el país, sino a tener una cantidad suficiente de diputados que conformen una bancada, expongan las necesidades de lo local y, en última instancia, sean claves para la gobernabilidad y así lograr beneficios para su región.
Es curioso que esta restricción opere en un país altamente regionalista, donde, sin distinción de collas y cambas, los de este municipio pelean con los de al lado, los de esta comunidad con los que aquella, y los de este barrio con los de este. A la hora de votar, todos se ven obligados a pensar en lo nacional porque, simple y llanamente, nunca se les ha dado otra alternativa.
Es verdad que siempre hay cuotas y que cualquier aspirante a la Presidencia busca a su pareja de fórmula “camba” con la esperanza de que le aporte votos; que los “grandes” partidos buscan alianzas con los regionales concediendo puestos de senadores o diputados en franjas de seguridad, y apoyo recíproco para las subnacionales; y que hubo binomios que han logrado siglas nacionales sin que su implantación haya sido real más allá de su reducto de poder.
En las pasadas elecciones generales se dio incluso el caso de la agrupación liderada por Luis Fernando Camacho, quien apenas salió del oriente para hacer campaña se declaró rumbo a la Presidencia, pero en realidad su objetivo más sensato era tener una bancada propia fuerte para condicionar el futuro.
La conformación artificial de alianzas a nivel nacional, diluyendo las aspiraciones regionales en un bloque siempre centralista e incapaz de gestionar las prioridades, deriva generalmente en debilidad política y transfugio partidario: hoy, Carlos Mesa, líder de la principal fuerza de oposición, Comunidad Ciudadana, apenas controla a la mitad de su bancada.
La Ley de Partidos Políticos contempla la posibilidad de registrar una candidatura apoyada por nueve agrupaciones, una de cada departamento, pero nadie se atrevió siquiera a explorar esa posibilidad. Bolivia es un país centralista, donde unos votos se superponen a otros, que ha ignorado su decisión constitucional de constituirse en Estado autonómico y que, además, sostiene estructuras ineficientes tratando de gestionar cuestiones básicas desde la lejanía y el desconocimiento en lugar de transferir las competencias para garantizar una gestión directa y próxima con el ciudadano y sus necesidades.
Es en los tiempos de crisis cuando se deben poner a discusión todas las alternativas. Un gobierno ajeno a las necesidades regionales y un parlamento donde no caben las voces locales acaban siendo instrumentos lejanos que no sirven para solucionar los problemas de verdad. Bolivia, enrumbada hacia sus 200 años de vida independiente, hoy, habiéndose asumido plurinacional y diversa, debería ser capaz de conducirse de manera autónoma.
No habrá solución mágica a ninguna crisis sin la participación de los departamentos. Se tiene que abrir el debate y tomar conciencia de que la demagogia vuelva a ponernos frente al espejo del fracaso. La autonomía, bien entendida y aplicada, es el camino para hacer un país más próspero y eficiente.
