Este lunes se cumple el plazo fijado por el calendario electoral para la inscripción de las candidaturas que buscarán el voto ciudadano el 17 de agosto. Ya tendremos la información oficial no solo respecto a quienes buscan la presidencia y vicepresidencia, sino los restantes cargos electivos.
Pero un proceso electoral no debe limitarse solo a los candidatos. Desde este espacio estuvimos –y seguiremos– hablando de la necesidad de planes y programas de gobierno que, adecuadamente aplicados, ayuden a sacar a Bolivia de su crisis secular, empeorada por las circunstancias económicas de los últimos años.
Corresponde, además, reflexionar sobre nuestra democracia y el tipo de economía jurídica que tenemos para la elección de nuestras autoridades y la primera impresión que detecta la mayoría de los ciudadanos es que tenemos leyes electorales impositivas, por decir menos.
A más normativas, menos libertad. Esto es un principio elemental de las democracias liberales de occidente en las que Bolivia, más allá de los discursos, también se inscribe. La ley fundamental es una persona, un voto y, a partir de ahí, se delega la representación política legislativa y ejecutiva. No es que la democracia sea votar una vez cada cuatro o cinco años, o al menos no debería serlo, pero habría que garantizar que al menos esa vez, se emitiera un voto verdaderamente libre y democrático. Sin embargo, parece que esto no aplica en Bolivia.
En pleno siglo XXI, los procesos electorales están plenamente automatizados y socializados: todo el mundo tiene derecho a emitir su voto libre e informado por el candidato o candidata que le parezca mejor por el motivo que sea. Y con la misma sencillez, cualquiera que creyera que merece tener la confianza de ser candidato, debería tener la posibilidad de hacerlo, obviamente siendo consciente de lo que implica.
En nuestro país, la democracia está intermediada por demasiados intereses opacos que muchas veces sobrevuelan y se enquistan en el Tribunal Electoral, un organismo constituido en poder del Estado que probablemente en un Estado más maduro podría ser sustituido por un conjunto de notarios que simplemente verifican los procedimientos y los resultados.
En Bolivia; sin embargo, nos hemos llenado de normas, reglamentos e instancias que poco aportan. El padrón, mil veces verificado, sigue bajo sospecha y los ciudadanos tienen que hacer trámites para emitir su voto, que no es un derecho, sino una obligación.
La mayoría de los ciudadanos no vamos a votar porque queremos hacerlo, sino porque no tenemos otra alternativa. Si la falta de cédula electoral no se convierte en un obstáculo en la fuente laboral, ahora mayoritariamente precaria, entonces lo será en las entidades financieras en las que no serán atendidos sin presentar el papelito. Ante esa perspectiva, no queda más remedio que obtener la cedulita y eso solo se consigue yendo a votar.
Obligar a alguien a hacer algo en contra de su voluntad no es democrático. Las imposiciones nunca son buenas y, en el caso de la normativa electoral boliviana, llegamos, incluso, a acomodarnos en escenarios aptos para sinvergüenzas cuando las autoridades que manejan los comicios reportan las cantidades de votantes, como si eso fuera su logro.
Vivimos, entonces, una democracia tutelada que, por lo mismo, todavía es inmadura.
Considerar a los bolivianos como menores de edad, como ignorantes a los que las normas férreas o algún suprapoder o estructura de notables debe proteger es uno de los grandes errores de estas dos últimas décadas y que pueden explicar los problemas de credibilidad democrática e institucional que atravesamos.
