La violencia volvió a instalarse en Potosí con la toma por la fuerza de terrenos de la zona de Cantumarca. Este jueves, grupos de avasalladores atacaron a efectivos del orden que se habían dirigido hasta ese lugar con el propósito de restituir el principio de autoridad.
En lo general, el conflicto en Cantumarca no se diferencia mucho de los que se presentan en otras regiones del país: grupos de personas identifican terrenos desocupados y los toman por la fuerza, aún a sabiendas de que tienen dueños. En lo específico, en este caso, no se terminó de determinar si esa zona, incluso más antigua que Potosí, ya forma parte de la mancha urbana de ese municipio.
Aparentemente, los avasalladores sabían que existe incertidumbre respecto a jurisdicciones y, actuaron en consecuencia. No solo tomaron terrenos, sino que levantaron muros perimetrales y, en menor medida, comenzaron a construir viviendas. Como ocurre en el resto del país, los ocupantes no tienen un título que acredite su derecho propietario; por tanto, es un típico caso de apropiación indebida, con el agravante del uso de la fuerza.
Los avasalladores se autoproclaman como campesinos, pero muchos no son de Cantumarca sino de más lejos, del norte potosino. Aparentemente, los primeros ocupantes se reforzaron con los norteños, conocidos por su tendencia al enfrentamiento físico.
La Alcaldía de Potosí decidió encarar el conflicto promulgando una ley municipal para protección de cuencas y, además, creando un museo etnohistórico. Los avasalladores comprendieron la estrategia y atacaron a los funcionarios municipales. Un reporte preliminar señala que hubo una treintena de heridos.
Al igual que en otros lugares, como Las Londras y Santagro, en Santa Cruz, esta es una muestra de lo que puede pasar si el Estado no reacciona a tiempo frente a acciones claramente ilegales como la de los avasallamientos.
La recurrencia de estos actos y sus denominadores comunes confirman que no se trata de hechos aislados: son parte de un vasto plan del que forman parte las cada vez más frecuentes y numerosas denuncias sobre los asentamientos irregulares, tanto en áreas que son de propiedad privada como en las que, por estar catalogadas como reservas forestales y ecológicas, se encuentran vedadas para el uso agrícola.
El problema se acrecienta con la cantidad de gente que incurre en la usurpación de tierras. Recuérdese que, hace un par de años, sus dirigentes afirmaron que son más de 250 mil las familias dispuestas a “conquistar” violentamente las tierras que les faltan. Algunos dirigentes, conscientes del peligro que entraña la vía de la violencia, se muestran dispuestos a apaciguar los ánimos y a negociar, pero otros ven con entusiasmo la posibilidad de desencadenar una “guerra justa”, aún a costa de vidas, incluidas las de niños que son cobardemente utilizados como escudos humanos.
Los motivos que impulsan a campesinos a reclamar tierras resultan comprensibles. Después de todo, desde los albores de la humanidad la lucha por la tierra fue una de las causas de guerra más comunes. Sin embargo, precisamente para evitar que los conflictos de interés sean resueltos con sangre, las sociedades han concebido leyes que regulan la conducta de sus miembros.
En estos conflictos se avasallan tierras y también las leyes.
