El plazo del registro de candidatos feneció hace más de una semana, pero continúan las presiones de organizaciones políticas y sociales sobre el Tribunal Supremo Electoral (TSE). Y eso sin contar con los recursos judiciales que, en un número que supera la decena, también persiguen las oscuras intenciones de determinados personajes de frenar las elecciones de agosto.
En paralelo, la ciudadanía tiene que encontrar la manera de enfriar la cabeza e ir pensando por quién o quiénes votar. Menudo intríngulis, dadas las particulares circunstancias en las que se encuentran tanto el oficialismo (que hoy pretenden llamar, de algún modo, para no mostrarse todo lo desunidos que están, como “bloque popular” de izquierda) como la oposición (que ya quedó claro que, tal como están las cosas, tienen escasas posibilidades si no se unen de un modo u otro).
En comicios generales lo usual es concentrarse en los postulantes a la presidencia, o, a lo sumo, en los binomios, contando a los vicepresidentes, pero, a juzgar por la coyuntura política nacional, este año será clave saber cómo quedará compuesto la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Está en juego nada menos que la gobernabilidad.
Es un hecho que, con el actual panorama, en lo que respecta a la composición del Congreso, las elecciones de este 2025 serán decisivas. Todas las encuestas prevén un Parlamento dividido entre cuatro o cinco fuerzas políticas, por lo que cualquier tipo de mayoría simple requerirá del acuerdo de al menos dos, lo que exigirá por lo tanto una gran capacidad de diálogo. Acuerdos y diálogos… dos temas que no solo a nivel nacional, sino internacional, están, hoy por hoy, en tela de juicio.
En el primer gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), el partido entonces encabezado por Evo Morales tuvo mayoría, mientras que los dos siguientes hasta dos tercios, lo que le permitió acomodar el reglamento de sesiones a la nueva realidad en 2020 tras haber perdido esa cualidad. Sin embargo, la prematura ruptura de la bancada oficialista hizo que tampoco le sirviera para respaldar la gestión, que por otro lado no debería basarse en eso. La última legislatura hizo aguas ni bien se quebró la bancada del MAS, a pesar de que el cambio propiciado en el reglamento daba diferentes posibilidades aritméticas para conformar mayorías y cumplir con la verdadera misión de la ALP.
Como sea, serán los próximos parlamentarios quienes tendrán la llave de la gobernabilidad, los que perfilen el horizonte del país y los que acaben (o no) por encontrar los espacios necesarios para superar la crisis, ojalá, encaminando a Bolivia hacia la senda del crecimiento. Por eso resulta imprescindible escoger a los mejores hombres y mujeres, con capacidad de diálogo y entendimiento, capaces de construir y no de destruir (o de retroceder). Eso implica un alto grado de madurez, y de conciencia, de la ciudadanía que acudirá a depositar su voto el 17 de agosto, si nada raro ocurre hasta entonces.
Las instituciones responsables de garantizar los comicios, empezando por el TSE, se encargan de defenderlos prácticamente cada día, pese a que hay intereses que —también cada día— buscan torpedearlos a como dé lugar. Los electores, entretanto, deben buscar la manera de abstraerse de los meollos políticos y jurídicos para concentrarse y saber elegir, procurando no equivocarse. El futuro del país está, una vez más, en juego.
