Los conflictos sociales, algunos con claros intereses políticos, están buscando arrinconar a las instituciones responsables de garantizar las elecciones de agosto. En estas horas previas a conocerse la lista oficial de candidaturas, está en juego la democracia, tal como lo han advertido en más de una oportunidad el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
La crisis económica contribuye al sentimiento de malestar que se vive en el país. Los incrementos de precios de los productos de la canasta básica familiar, de los medicamentos y, en general, de todo aquello que se compra y se vende, han puesto en una situación muy difícil a las familias bolivianas, con la consiguiente repercusión política que ello representa.
Sin embargo, no se debe perder de vista que, a pesar de la evidente crisis, no todos los conflictos tienen legitimidad. Algunos, como el que impulsan los sectores leales al expresidente Evo Morales, están impregnados de intereses que distan de la legalidad; por ejemplo, cuando exigen la repostulación del exmandatario.
Fallos constitucionales, con respaldo de organismos internacionales, han dado varis veces cuenta de la ilegalidad de una nueva candidatura de Morales. Y aun así, estos grupos, mayormente concentrados en el departamento de Cochabamba, insisten en empujar al país hacia un quebrantamiento del ordenamiento legal.
Por otro lado están los recursos judiciales, que han superado la decena y también buscan frenar las elecciones previstas para el 17 de agosto. Todo esto en medio de las preocupaciones centrales de las familias: los altos precios que obligan a cambiar hábitos, incluso a privarse de alimentos, como se informó en CORREO DEL SUR que está ocurriendo con estudiantes de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca. Y, en paralelo, la ciudadanía debe darse modos para ir pensando en quién votar.
Esto último, este año, no está nada fácil: por el lado del oficialismo, hoy pretenden llamarlo, de algún modo, para no mostrarse todo lo desunidos que están, como “bloque popular” de izquierda; y por el de la oposición ya quedó claro que, tal como están las cosas, tienen escasas posibilidades si no se unen de un modo u otro.
En comicios generales lo usual es concentrarse en los postulantes a la presidencia o en los binomios, pero, a juzgar por la coyuntura política nacional, este año será clave saber cómo quedará compuesto la próxima Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Está en juego nada menos que la gobernabilidad.
Es un hecho que, con el actual panorama, en lo que respecta a la composición del Congreso, las elecciones serán decisivas. Todas las encuestas prevén un Parlamento dividido entre cuatro o cinco fuerzas políticas, por lo que cualquier tipo de mayoría simple requerirá del acuerdo de al menos dos, lo que exigirá por lo tanto una gran capacidad de diálogo. Acuerdos y diálogos… dos temas que no solo a nivel nacional, sino internacional, están, hoy por hoy, en tela de juicio.
En el primer gobierno del MAS, el partido entonces encabezado por Evo Morales tuvo mayoría, mientras que los dos siguientes hasta dos tercios, lo que le permitió acomodar el reglamento de sesiones a la nueva realidad en 2020 tras haber perdido esa cualidad. Sin embargo, la prematura ruptura de la bancada oficialista hizo que tampoco le sirviera para respaldar la gestión, que por otro lado no debería basarse en eso. La última legislatura hizo aguas ni bien se quebró la bancada del MAS, a pesar de que el cambio propiciado en el reglamento daba diferentes posibilidades aritméticas para conformar mayorías y cumplir con la verdadera misión de la ALP.
Como sea, serán los próximos parlamentarios quienes tendrán la llave de la gobernabilidad, los que perfilen el horizonte del país.
