¿Qué pastilla de amnesia tragaron las bolivianas? ¿Desde hace cuánto tiempo se permiten pasar tantas iniquidades? ¿Por qué no reaccionan como sus madres, sus abuelas, sus bisabuelas, las troyanas, las marías, las amas de casa de esta tierra? Recuerden a las ancianas de la Coronilla, a las floristas del mercado paceño, a las movimientistas tarijeñas, a las falangistas cruceñas, a las mineras de Siglo XX.
Levantaban sus voces contra los tiranos de cualquier divisa. Mujeres que llevaban mensajes secretos, esposas que reclamaban por sus hombres, enamoradas que visitaban a los presos, hermanas que preparaban los ranchos. En cada momento de la historia de las dictaduras bolivianas, las hembras supieron defender a la manada.
En estos días son muy, muy pocas las voces que se levantan. No aparecen abogadas al lado de los presos políticos. No están las esposas en huelga de hambre, ni se encadenan ni salen en marchas.
Recién hace poco ha salido, finalmente, un texto, de la Alianza por la Justicia y los Derechos Humanos que denuncia la situación de los detenidos sin proceso, de los exiliados por más de 20 años, de los perseguidos y de los prisioneros políticos muertos en las cárceles. Es un informe sin juicios de valor, con un monitoreo de largo alcance que trasciende tres gobiernos, con cuadros y estadísticas para entender la dimensión de lo que pasa en el Estado Plurinacional de Bolivia.
El texto fue presentado por Waldo Albarracín, experimentado activista por los Derechos Humanos, exdefensor del Pueblo, exrector de la Universidad Mayor de San Andrés y él mismo víctima de la violencia política. Los comentarios fueron resumidos por el abogado potosino Carlos Derpic y por la periodista cruceña Maggy Talavera, dos de las regiones más agobiadas en estos 20 años.
El trabajo contiene una parte teórica, de lo que debería ser un estado donde se respetan las reglas democráticas, la independencia de los poderes, la vigencia de los instrumentos jurídicos internacionales firmados por Bolivia y la existencia del debido proceso para cualquier asunto, mucho más si está teñido por diferencias políticas o ideológicas.
En pocas páginas, la radiografía es intensa y triste. El país padece un cáncer terminal y con metástasis en todos los órganos vitales. El monitoreo cuantitativo revela que la persecución a adversarios políticos alcanza a todas las regiones, afecta a hombres y a mujeres, a veteranos y a jóvenes, a agricultores y a empresarios, a periodistas y a candidatos, a gobernadores y a directores, a profesionales y a obreros.
La investigación incluye entrevistas en profundidad a personas identificadas con distintas visiones políticas, unas agravando las denuncias, otras intentando entenderlas y los oficialistas buscando la justificación.
Entre los casos más dramáticos están los de Julio César Apaza, Marco Antonio Aramayo y Eidy Roca. José María Bacovic fue una de las primeras escenificaciones de la persecución instrumentalizada desde el despacho de un ministerio hasta la amplificación en todo el sistema judicial, como recordaron los comentaristas.
El informe no cita nombres de los posibles victimarios, los sucesivos ministros de gobierno- incluyendo el gobierno de transición constitucional-, viceministros, autoridades policiales, magistrados, jueces, fiscales, abogados, paramilitares. Tampoco toca la responsabilidad de las turbas y de quiénes las alentaron para matar gente, quemar casas, quemar documentación, bloquear ambulancias, provocar incidentes y accidentes.
El texto busca ser equilibrado y quizá esto es un error, como lo hizo notar Derpic. No es posible comparar a ninguno de los gobiernos de la etapa democrática desde 1982 con los horrores provocados por Evo Morales, Álvaro y Raúl García Linera, Juan Ramón Quintana, Sacha Llorenti, Alfredo Rada, Carlos Romero, Héctor Arce Zaconeta, René Martínez, Vilma Alanoca o Nemesia Achacollo. Las relaciones con Cuba de Hugo Móldiz y Fernando Rodríguez bordean la traición a la patria.
Luis Arce Catacora mantuvo durante 14 años un perfil duro, pero no abusivo. Se hizo ganar por voces de sirena como las de Iván Lima y el grupo jurídico palaciego. En vez de promover un gobierno de reconciliación nacional, se ocupa centralmente de perseguir a la oposición política, de negar audiencia a todo empresario privado, de no escuchar a los más prudentes. Desaprovechó la oportunidad de ser un mejor presidente.
El hundimiento de la economía que duele en los bolsillos no debe nublar lo más doloroso. Decenas de bolivianos se pudren en el exilio, la clandestinidad y las mazmorras porque Arce Catacora y David Choquehuanca así lo definieron y el sistema judicial les ha servido sumisamente.
