Faltan nueve semanas y cinco días de las elecciones generales y, hasta el momento, ninguna de las organizaciones políticas que han logrado habilitar sus candidaturas planteó un debate ideológico de fondo, que es el que debería primar en eventos democráticos de esta naturaleza.
La discusión económica sigue fuerte en plena campaña, aunque todavía recorriendo terrenos de vaguedades y demagogias. Unos por alejados de la realidad y otros por puro dogmatismo, casi todos repiten consignas o recetas de otros tiempos o países; con ellas tratan de captar favores, pero dejan la sensación de que no acaban de entender el fenómeno que se está dando en el país. A juzgar por los discursos, de lo que se trata no es tanto de buscar soluciones como de buscar culpables.
Con respecto a las gestiones de gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) en los últimos 20 años, han sido presentadas como basadas en políticas de izquierda, mientras que a la oposición se la colocó en el lado de la derecha.
Todo en el marco de un escenario propicio para el debate ideológico, hoy por hoy, muy conveniente en el nuevo mundo de las redes sociales.
En las calles, sin embargo, la realidad se percibe de una manera diferente: los sistemas de protección social siguen basándose en la solidaridad familiar y vecinal, en tanto que el mercado laboral continúa alejado de las necesidades de competitividad y productividad, y solo unos pocos pueden ejercer los derechos previstos en las normas.
El sistema financiero, capitalizado principalmente por los ahorros de los trabajadores y sus ahorros de la jubilación, últimamente viene aplicando políticas desfavorables para sus clientes, desde el momento en que no respeta sus dólares ni les permite usar sus tarjetas de crédito como se debiera. Y el régimen fiscal, básicamente, no ha cambiado en estas dos décadas. Prueba de ello es que el IVA siendo el principal de los tributos y hay pocas políticas de redistribución activa.
Los sistemas elementales de la salud y la educación no han mejorado en calidad ni en universalización para garantizar una igualdad de oportunidades que, al fin y al cabo, es el meollo de la cuestión.
En el caso de la salud, continúan las atenciones con criterios de rentabilidad, por mucho seguro universal que se haya implementado, equiparando riesgo vital con quiebra económica, mientras que en el de la educación, los colegios privados siguen creciendo y convirtiéndose en la primera opción de las familias de clase media.
Para algunos candidatos, el Estado resulta demasiado grande y hace falta recortarlo; entre otras cosas, se refieren a la multitud de empresas públicas de poca o nula rentabilidad que se han ido creando sin un plan realmente serio.
El país necesita propuestas concretas de cómo salir de la crisis, y para ello conviene evaluar con certeza la responsabilidad de cada uno de los actores involucrados: lo que están haciendo ahora y lo que hicieron antes.
En rigor, casi nada ha cambiado sustancialmente, ni en lo público ni en lo privado. Quizá por ahí debamos buscar una de las explicaciones de la crisis múltiple de la actualidad.
