Si algo faltaba para confirmar el desprestigio de la justicia nacional era la (re)aparición de los famosos consorcios. ¡Qué enorme vergüenza!
Como lo sabe la gran mayoría de la población, esa pérdida de reputación no es de ahora, cuando se reveló que el exministro César Siles habría intentado manipular el Órgano Judicial para lograr la destitución de la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira. Ese hecho, devenido en escándalo, motivó detenciones de jueces y acciones inmediatas, quizás para demostrar que no es cierto lo que se le escucha decir a Siles en un audio difundido por un portal noticioso: que la caída de la autoridad de la institución con sede en Sucre habría sido “conversado a muy alto nivel”.
¿Cuándo comenzó el declive de la administración de justicia en Bolivia? Pregunta difícil de responder, al menos no es fácil precisar en qué gobierno. Pero sí quedó en evidencia que aumentó en los últimos años.
Al menos durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo (MAS), la justicia adquirió ribetes de opresión contra la libertad individual.
En Bolivia reinan actualmente las detenciones preventivas, es decir, sin sentencias. Un ejemplo: Ángel Fernández Acuña, un quechuaparlante, estuvo más de 14 años en la cárcel sin sentencia ejecutoriada. Entre las muchas agravantes está el hecho de que el delito por el que fue acusado tenía una pena máxima de ocho años de reclusión.
A eso hay que agregarle el del caso del médico Jhiery Fernández, acusado en 2014 de la violación y muerte del bebé Alexander. Este profesional estuvo detenido durante siete años, hasta que se descubrieron unos audios en los que la jueza que lo condenó revelaba que su caso había sido armado. Recuperar su libertad fue otro calvario debido a otro mal de la justicia boliviana: retardación.
Actuando con alarmante indolencia, jueces, fiscales y policías parecen olvidar que detrás de cada detenido existe una familia, personas que sufren por él.
El drama comienza desde el momento en que se denuncia un delito, sin importar cuál sea su gravedad, en la Policía Boliviana, donde no todos los efectivos muestran empatía con las víctimas. Y a la frecuente desidia de las investigaciones se debe sumar las carencias de recursos materiales de la institución del orden.
No muy diferente es la realidad del Ministerio Público, y en el siguiente paso están los jueces, que forman parte de una estructura todavía más complicada. El Órgano Judicial, pese a los adelantos tecnológicos, no consigue superar sus trabas burocráticas; en general, no cumple sus propios plazos. Mientras las audiencias se suspenden y los incidentes se resuelven, pasan los días y los detenidos siguen en las cárceles.
Esos son apenas algunos apuntes de los males que aquejan actualmente a la justicia boliviana. Pero las evidencias de politización no pueden ser toleradas en ninguna sociedad que se precie de democrática.
