Aunque el último escandalete de moda del asqueroso consorcio e injerencia en la administración de justicia recién filtrado no ha dejado de repugnar al soberano, pues, por si fuera necesario, prueba más allá de toda duda razonable el deplorable estado del arte de nuestra administración de justicia –varias excepciones aplican, por supuesto–, sostengo desde el foro que a ningún abogado medianamente informado le ha debido sorprender lo que ya se sabe. Constituye sonoro secreto a voces la existencia de esos consorcios entre mafiosos disfrazados –lamentablemente– de abogados, que delinquen impunemente amparados en su poder político partidario, económico u otros de orden fáctico, vaciando de contenido la independencia judicial y prostituyendo nuestra noble profesión. No hay nada nuevo bajo el sol.
Es frecuente escuchar o saber de esa escoria cuando presumen de “llegada” a tal o cual autoridad jurisdiccional o fiscal, y hasta se ha llegado al denigrante extremo para la abogacía que usuarios dispuestos a todo con tal de ganar su pleito preguntan u ofrecen si el “servicio” incluye la coima para “arreglar” el pleito. Incluso, los abogados que litigamos con normativa, doctrina, jurisprudencia y litigio estratégico frecuentemente quedamos en ‘off side’ frente a esa deleznable delincuencia organizada que, con tales viles armas, parecería llevar la delantera, al menos, a corto plazo. Otra vez, nada nuevo bajo el sol.
En el caso concreto, queda claro, como enseña la doctrina sobre organizaciones criminales en general, que por alguna razón, y más allá de la interesante discusión sobre la validez en proceso del ya famoso audio (PD: ver la SCP No. 523/2011-R de 25 de abril), de ser evidente su contenido como todo indica, estamos nuevamente ante otra asquerosa organización criminal en sentido amplio, bajo la modalidad de consorcio entre responsables del servicio de justicia liderada operativamente nada más ni nada menos que por el ahora exministro de Justicia, con tentáculos que alcanzarían no solamente a los vocales, jueces y fiscales ahora encausados, sino –según se oye en el audio– al mismísimo Fiscal General: ¿Se “auto” investigará? ¿Sus subordinados lo harían objetivamente? Y no podía faltar el Tribunal Constitucional (facción trucha, obviamente) pues, de ser evidente lo del audio, ya estaban charlados para meterle nomás. Más allá de lo deleznable de esa trama filtrada –algo falló y cataplum– se debería también esclarecer si es evidente o no que el certificado de docencia de la actual magistrada es falso o no. De serlo, no debería necesitarse de ninguna trama para presentar “ipso pucho” su renuncia, por mucha preclusión que pueda elegantemente alegarse.
No obstante, urge mirar el bosque y no quedarnos en ese árbol, así esté bastante frondoso. Si de consorcios e injerencias se trata, insisto que el estiércol no es en absoluto para nada novedoso. ¿Se acuerdan del “gabinete jurídico” que operaba desde entrañas de la estructura directamente cercana al tirano en decadencia? ¿Del Caso 24 de mayo? ¿Del caso Masacre de La Calancha o del Hotel de Las Américas, o del Fondioc? Todos prostituidos por juristas del horror que le metieron nomás en contra de su conciencia, dignidad y, por supuesto, del Derecho y, hoy están bien, gracias, siguen gozando impunemente de las mieles del poder en embajadas, vocalías, etc. Tienen sus calzados flamantes, porque reptan de rodillas frente al poder que les hizo el favor de nombrarlos y mantenerlos en la peguita.
El putrefacto sistema opera más o menos asi: Se le mete nomás, de vez en cuando algo falla, se filtra por algún lado y estalla el escándalo, caen para la platea los pescados en flagrancia y/o fusibles destinados a quemarse y… a esperar otro escándalo, qué material en cantidades industriales surge cada semana o día. Y a seguir metiéndole nomás… Laaarga vida a la impunidad institucionalizada.
En esa línea, urge adentrarnos en ese bosque. La delincuencia organizada en sentido amplio, cuya expresión es ese nuevo consorcio, está inserta profundamente dentro del Estado y la sociedad boliviana, absolutamente penetrada por ese flagelo cuyo poder ponen en grave riesgo no solamente los gobiernos, sino las sociedades y estados. Constituye una mínima expresión dentro, o a la vista, de cualquier otro escenario no solamente gubernamental sino ciudadano.
Bolivia está completamente capturada por grupos organizados cuyo fin último es delinquir sea desde la justicia, el Ejecutivo, el sindicato, la logia o cualquier grupo que se organiza para disfrutar las mieles del poder en sus diversas formas y no para cumplir sus plausibles fines, que el thantha papel proclama. Y lo peor de todo es que al final del día, de manera directamente proporcional con la cercanía al poder partidario, económico u otros, se construye, mantiene y alienta un sistema de impunidad que actúa como esos bichitos apodados “chekechekes” que cuando son tocados se encierran en sí mismos como bolitas impenetrables. ¿O ustedes creen que son todos los que están en chirola por el nuevo consorcio? ¿Será que la “institucionalidad” logra dar con la verdad real de lo ocurrido? ¿Quiénes eran sus últimos beneficiarios? ¿Cuántos otros procesos se habrán así resuelto? Fija que la estructura de encubrimiento ya está operando minimizando los evidentes daños por esa filtración en la estructura criminal, con lo que cuanto más arriba estén los otros autores, cómplices o instigadores, verán de palco, harán que investigar y/o juzgar o se harán a los desentendidos o hasta a las víctimas. Ojalá no estemos ante aquello de la gran Ayn Rand: “Cuando la ley no te protege de los corruptos, sino que protege a los corruptos de ti, sabes que tu nación está condenada”.
