La confirmación de casos de sarampión en el país constituye un retroceso en la lucha contra esa enfermedad, que se creía erradicada pero que ahora se presenta de nuevo como una epidemia. De esto no se puede culpar a los gobiernos, porque las campañas de vacunación se han visto afectadas por la sañuda propaganda que desataron los antivacunas en contra de ellas.
Los principales afectados han sido los niños en edad escolar, lo que ha motivado a las autoridades educativas a instruir que las clases sean impartidas en la modalidad virtual. Fue cuando volvimos a caer en cuenta de que ya en la pandemia se habían advertido las grandes diferencias entre la educación que se imparte en las ciudades y en el campo, donde la cobertura de internet es deficiente.
A estas alturas del siglo XXI, la cobertura de internet ya debería ser general e incluso gratuita. ¿Acaso no se han invertido millones de dólares en instalar un satélite que, para colmo, dejará de servir en breve? Más aún, por lo visto en la pandemia, ni siquiera se han tomado medidas para atender mejor a la educación, que es la primera función del Estado.
La educación es la base para una sociedad justa, igualitaria y autosuficiente. La educación aumenta la productividad de las personas y, como consecuencia, el potencial de crecimiento económico. Sin embargo, sistemáticamente se ha constituido en uno de los grandes servicios públicos menos dotados económicamente a nivel mundial y, peor aún, en Bolivia.
La Educación, según demuestran múltiples estudios, ayuda a erradicar la pobreza y el hambre, contribuye a mejorar la salud, promueve la igualdad de género y reduce la desigualdad. En definitiva, se forma a futuras generaciones forjando mejores ciudadanos.
Al respecto, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 establece una Educación Inclusiva, Equitativa y de Calidad. Con ello se pretende garantizar que la población infantil tenga acceso a la educación primaria y secundaria gratuita, para el año 2030. Asimismo, se incentiva la igualdad de acceso a la formación profesional, la eliminación de desigualdades de género y de riqueza, logrando el acceso universal a una educación superior de calidad.
En Bolivia se ha alcanzado el acceso universal y se ha bajado la tasa de abandono, aunque los datos del bono Juancito Pinto suelen ser engañosos al no cruzarse con el acceso del año siguiente. Sin embargo, la cuestión de la calidad sigue siendo uno de los grandes asuntos pendientes.
En este escenario, y con la constatación de que, una vez más, se ha relegado a la educación a los últimos lugares de la atención de los políticos, conviene que ser capaces de valorar los éxitos alcanzados en esta materia en concreto y no relajarse a la hora de exigir calidad en la enseñanza. La educación es el ascensor social de mayor garantía, y quizá el único camino que queda para acortar las brechas con las potencias hegemónicas. Ojalá, en estos tiempos de polarización política y destrucción, fuésemos capaces de llegar a acuerdos mínimos que garanticen una vida mejor para todos. El derecho a la educación debería ser una prioridad en los programas de gobierno de los candidatos a los cargos electivos.
Bolivia necesita mejores ciudadanos para volver a crecer y, para ello, se debe entender que el derecho a la educación —este sí— es un derecho humano, no la posibilidad de que una sola persona sea elegida consecutivamente para cargos públicos. No obstante, la atención del Estado acaba siendo mínima, como demuestra la escasa cobertura de internet que dificulta las clases virtuales.
