Los vínculos del gobierno de Luis García Meza con el narcotráfico motivaron que Bolivia sea rotulada como “narco Estado” en la década del 80 del siglo pasado. Hoy en día, en el año de su bicentenario, es señalada con otra etiqueta: “el país más corrupto de la región”. Tanto la crisis económica como los hechos y circunstancias que llevaron a la nación a este punto deberían ser prioridades para las candidaturas que buscan gobernarla.
La corrupción no es solo un problema ético o legal. Es, ante todo, una traba estructural al desarrollo, un lastre que distorsiona el uso de los recursos públicos, erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y alimenta la fragmentación social. Bolivia, como tantas veces se ha dicho, no es un país pobre sino uno empobrecido, en buena medida, por las redes clientelares y la captura del Estado por intereses particulares. Hay un diagnóstico claro, lo que falta, de una vez por todas, es una voluntad de reforma genuina.
Los mecanismos actuales de lucha contra la corrupción son insuficientes, pero necesarios. Se han centrado más en lo punitivo que en lo preventivo. Y muchas veces han sido instrumentalizados políticamente, debilitando su credibilidad. No se trata solo de castigar, sino de diseñar un sistema que haga más difícil, más riesgoso y menos rentable ser corrupto.
Una primera reforma urgente es la profesionalización del servicio público. Bolivia necesita un verdadero sistema de carrera administrativa, con concursos transparentes, evaluaciones periódicas y sanciones claras. Hoy en día, imperan el criterio político o la afinidad coyuntural a la hora de los nombramientos, desde directores generales hasta porteros o choferes, lo que impide construir una administración estable, competente y autónoma.
En paralelo, urge una mayor transparencia estructural. Las declaraciones juradas de bienes, los procesos de contratación pública, los movimientos presupuestarios y la ejecución de obras deberían estar disponibles en línea, de forma amigable, estandarizada y en tiempo real. No basta con que la información exista: tiene que ser accesible y útil para que los medios de comunicación y la ciudadanía en general puedan ejercer un control efectivo, y eso no pasa ni con el Sigep ni con el Sicoes. Ni siquiera con la Gaceta Oficial del Estado.
Donde hay ojos atentos, hay menos margen para el abuso.
Además, el fortalecimiento institucional de los entes de control. Contraloría, Procuraduría, órganos disciplinarios y fiscalías especializadas deben gozar de autonomía real, recursos adecuados y protección frente a presiones políticas. Su misión es técnica, no partidaria. Sin instituciones fuertes, el Estado queda rehén del poder de turno. Separar el Estado del Gobierno es uno de los grandes puntos pendientes.
En tiempos de crisis, el uso eficiente y transparente de los recursos públicos es una obligación moral. La corrupción, en última instancia, no se combate solo con leyes, sino con instituciones fuertes, con controles independientes y con una cultura cívica que no tolere la impunidad. Bolivia tiene talento, recursos y ciudadanía. Le falta decisión política.
