Un día como hoy, 21 de julio pero de 1946, una muchedumbre tomaba el Palacio de Gobierno y capturaba al presidente Gualberto Villarroel y a tres de sus colaboradores para luego colgarlos en faroles de la plaza Murillo. Habiendo transcurrido 79 años de aquel suceso, el historicismo académico todavía no se pone de acuerdo sobre si fue una revuelta popular o un golpe de Estado. Sus propiciadores se encargaron de hacer desaparecer la documentación que hubiera servido para señalar a los responsables.
“Hubo controversia y falta de unanimidad en el relato de si Villarroel fue derrocado y muerto por un tradicional golpe militar, orquestado por la oligarquía boliviana en complicidad con el imperialismo norteamericano, como apuntaban las corrientes nacionalistas y de izquierda o, por el contrario, fue el resultado de una asonada popular, espontánea y sin dirección, con la participación de una multitud, pero sin ser un golpe de Estado. Los militares no intervinieron en forma proactiva ni ocuparon la presidencia como en los tradicionales pronunciamientos y derrocamientos, pero no cabe duda de que su actitud pasiva fue determinante al no reestablecer el orden ni proteger al Gobierno ni al Presidente”, escribió el diplomático, escritor y economista paceño Gustavo Rodríguez Ostria poco antes de morir.
Es notable la facilidad con la que entraron al Palacio de Gobierno y prendieron al Presidente. En 1946, las nociones de protocolo y seguridad eran suficientes como para ofrecer una mínima protección al jefe de Estado. Una deducción lógica: los responsables dejaron que las cosas ocurran, por lo que se puede concluir que hubo una conspiración.
El gobierno de Villarroel —que se había proclamado “más amigo de los pobres”— venía de introducir reformas destinadas a favorecer a la clase indígena. Además de propiciar el primer Congreso Indigenal de Bolivia, reunido en 1945, abolió el pongueaje, prohibió los trabajos personales gratuitos y, lo que quizás tuvo mayor peso: anuló los impuestos que pagaban los indios en mayor proporción que otros sectores del país. Como antecedente, baste decir que medidas similares asumidas en el gobierno de Antonio José de Sucre provocaron la caída del Gran Mariscal de Ayacucho en 1828.
¿Por qué es clave el tema de los impuestos? El tributo indígena fue una de las más importantes fuentes de ingreso para la corona durante el periodo colonial y era el que representaba el mayor porcentaje de recaudaciones al iniciarse la república. Pese a eso, Sucre lo abolió y fijó un impuesto general, denominado “contribución directa”, que debían pagarlo todos por igual. Eso indignó a los criollos, que conspiraron para su caída y, después de que el Mariscal se fue del país, restauraron los impuestos que pagaban los indígenas.
Si bien no se determinó si el 21 de julio de 1946 hubo una revuelta popular o un golpe de Estado, algo sí queda claro: fue un magnicidio porque el Presidente terminó asesinado. “La oligarquía tenía el hábito del poder, la costumbre de haber manejado un país desde siempre, la cicatería concreta de gentes que se movían entre algo que conocían: resolvieron matar a Villarroel; hay pruebas de que se tramó su asesinato y el de sus inmediatos”, escribió el sociólogo, político y filósofo René Zavaleta Mercado.
Una vez que Villarroel estuvo muerto, todas sus reformas fueron anuladas y, por lo menos en el manejo tributario, se volvió al anterior estado de cosas. No querían los cambios que él promovía. La indignación popular por su muerte resultó siendo la semilla para la revolución de 1952.
