Los primeros debates entre candidatos presidenciales han permitido evidenciar que ninguno tiene una idea clara de lo que está pasando con, al menos, una parte del medioambiente: particulares, que se articulan en colectivos ilegales, se han adueñado de yacimientos mineros, tanto aluviales como subterráneos, y los explotan dañando ecosistemas y la salud de los bolivianos.
Bolivia es uno de los países con mayor diversidad biológica del planeta. Desde las cumbres andinas hasta las llanuras amazónicas, pasando por los valles interandinos y el Gran Chaco, su geografía alberga una riqueza natural extraordinaria: más de 20.000 especies de plantas, miles de vertebrados, ecosistemas únicos y saberes ancestrales que han convivido en armonía con la tierra por siglos. Esta biodiversidad no solo es motivo de orgullo nacional, sino una fuente estratégica de bienestar, desarrollo y resiliencia ante la crisis climática global.
Pero el chip extractivista no ha cambiado. Esa riqueza enfrenta amenazas cada vez más graves. La deforestación, el avance caótico de la frontera agrícola, la minería ilegal, los incendios forestales y el tráfico de especies son solo algunos de los factores que están poniendo en riesgo este patrimonio común. A esto se suma una débil institucionalidad ambiental, la fragmentación de políticas públicas y, en muchos casos, la falta de coordinación efectiva entre los distintos niveles de gobierno.
Bolivia no puede permitirse seguir perdiendo su capital natural a manos de mineros, agroindustriales y otros depredadores que aparecen más ahora cuando se necesitan dólares para estabilizar la economía. La biodiversidad no es solo belleza paisajística ni un símbolo de identidad cultural, es también una fuente clave de agua, alimentos, medicinas, conocimientos y oportunidades económicas sostenibles. En un mundo que camina hacia la escasez, la conservación responsable de los ecosistemas puede convertirse en un motor de desarrollo de largo plazo, con beneficios para las generaciones presentes y futuras.
Experiencias comunitarias de manejo sostenible de bosques, iniciativas de bioeconomía, turismo ecológico o ciencia ciudadana muestran que otra relación con la naturaleza es posible, pero, para que estas iniciativas escalen, se requiere de voluntad política, un financiamiento adecuado y un nuevo pacto social que reconozca el valor estratégico de nuestros ecosistemas.
Los socialistas culpan de todo a Estados Unidos, o a los países alineados a Washington, pero las amenazas no vienen solo del exterior. En muchas ocasiones, los daños más profundos han sido promovidos o tolerados desde el propio Estado y en nombre de un desarrollo que confunde extractivismo con progreso: Tariquía, el bosque chiquitano, el Madidi, el Tipnis… todo está en riesgo. Esta visión cortoplacista está hipotecando el futuro del país y afectando de manera desproporcionada a las comunidades locales, los verdaderos guardianes de la biodiversidad.
Proteger la diversidad biológica de Bolivia no es una opción marginal sino una tarea urgente y transversal. Implica repensar el modelo productivo, fortalecer la educación ambiental, garantizar derechos colectivos y exigir que los compromisos internacionales no se queden en el papel. La riqueza natural boliviana puede ser una ventaja geopolítica, un escudo frente al cambio climático y una fuente de vida digna para todos.
En tiempo electoral, más allá de los brochazos gruesos de la campaña política, muy pocos se han pronunciado sobre qué harán en esta tesitura, que, sin duda, es una de las claves del futuro.
