¿Cuál es el mal mayor de Bolivia? Posiblemente la corrupción, pues alimenta a todos los demás, incluyendo la comisión de delitos que se evidencian cada vez con mayor frecuencia.
Parte de la corrupción son los sobornos, que representan un porcentaje nada despreciable de los ingresos de muchos servidores públicos. Estos solo se movilizan cuando reciben pagos extras.
Por esa y otras razones, hacer un trámite simple en Bolivia puede convertirse en una verdadera pesadilla. Para abrir una pequeña empresa, obtener un certificado o sencillamente cobrar una deuda del Estado ¡o incluso pagarla!, se requieren semanas —cuando no meses— de idas y venidas, formularios duplicados, autorizaciones innecesarias, firmas selladas, fotocopias legalizadas y, sobre todo, paciencia, mucha paciencia. En cada rincón del aparato público, el ciudadano se encuentra con una muralla de trámites, de oficinas que no se hablan entre sí, de funcionarios que no se responsabilizan de nada.
Y no es un problema nuevo. Estamos ante un sistema diseñado para el estancamiento, que ha hecho de la ineficiencia una forma de vida. No sorprende que detrás de esta maraña se esconda también la corrupción, disfrazada de “agilidad por la vía rápida”. La burocracia boliviana no solo obstaculiza el desarrollo: lo sabotea. Mata la iniciativa, empuja a la informalidad y convierte a cada ciudadano en sospechoso. Pierde sentido un Estado que no sirve —sin complicaciones— a su gente.
Cada hora que un productor pierde en una ventanilla, cada proyecto que se retrasa por trámites absurdos, cada estudiante que no accede a una beca por falta de un documento innecesario, representa una derrota colectiva. No se trata de modernizar por estética sino de liberar a la ciudadanía de un yugo silencioso y costoso.
Por eso, resulta imprescindible encarar una reforma profunda, valiente y urgente con medidas concretas que marquen un antes y un después. Por ejemplo, apostar por una digitalización real y no simbólica. No basta con poner formularios en línea, hay que integrar sistemas, eliminar redundancias y asegurar que un solo clic resuelva lo que antes tomaba días. Esto exige inversión, pero sobre todo decisión política y coordinación entre los distintos niveles de gobierno.
Se debe hacer una auditoría nacional de trámite con un comité independiente que se dedique a revisar, eliminar o simplificar todos los trámites innecesarios. Cada institución tiene que justificar su existencia y desde el servicio, no desde el formalismo. El que no resuelva, se reforma o se cierra.
Y finalmente, es importante profesionalizar al funcionario público sin cuoteo político. Hay que construir una carrera administrativa basada en mérito y formación continua. El Estado no puede seguir renovando equipos enteros con cada cambio de gobierno, desde ministros y hasta directores de área y sus respectivos trabajadores. La gestión pública necesita estabilidad, competencias y responsabilidad.
No hay reforma económica, educativa o productiva posible si no se enfrenta de raíz el cáncer de la burocracia.
¿Alguien duda de la urgencia de cambiar esta cultura? ¿Lo creen posible? Todo se puede conseguir con decisión. Está en manos del futuro gobierno, el que emergerá de las urnas este 17 de agosto o, de ser necesario, en una segunda vuelta electoral, el 19 de octubre.
