Pese a la crisis económica y a los intentos de boicot de los últimos meses, casi ocho millones de ciudadanos y ciudadanas, dentro y fuera de Bolivia, tienen este domingo la oportunidad de elegir a nuevos gobernantes en una votación considerada como una de las más importantes de la vida democrática del país.
Que una elección se desarrolle sin reportes de actos violentos y en medio de una necesaria normalidad, siempre será un triunfo. Así ocurrió en los últimos años y, con tal antecedente, es de esperar que se repita hoy, al cabo de la jornada electoral.
Entre quienes se postulan para los más altos cargos del Órgano Ejecutivo hay nombres que se repiten de elecciones pasadas y otros que, aun no habiendo sido candidatos, por lo menos vinieron desempeñándose en cargos ministeriales, o del Legislativo, o de gestiones municipales. Entre los menos, aparecen algunos rostros nuevos.
Sin importar los llamados antidemocráticos, que también han sido parte de la campaña electoral, la ciudadanía consciente debe acudir a las urnas a sabiendas de que va a ejercitar uno de sus más importantes derechos: el de elegir a las autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo.
Llegar a este punto no ha sido fácil. La historia de las elecciones bolivianas se remonta hasta 1825, cuando se reunió la Asamblea General de Representantes de las Provincias del Alto Perú para decidir el destino de este territorio que era reclamado tanto por Perú como por Argentina. Desde entonces hasta el presente han transcurrido nada menos que dos siglos y, durante todo este tiempo, la democracia ha madurado de manera innegable.
En 1825, el voto fue nominal, pero también delegado. Quienes eligieron a los diputados que formaron parte de aquella asamblea fueron unos pocos ciudadanos bolivianos, aquellos elegidos en sus respectivas parroquias o partidos y que se sujetaban a las condiciones establecidas en el decreto de convocatoria emitido por Antonio José de Sucre el 9 de febrero de 1825.
Según ese decreto, para ser elector se requería “ser ciudadano en ejercicio, natural o vecino del partido con un año de residencia, y con reputación de honradez y buena conducta”. La ciudadanía en ejercicio correspondía solo a los varones, ya que las mujeres no votaban, y tampoco alcanzaba a los indios y otras mayorías relegadas por entonces. La “reputación de honradez y buena conducta” estaba sujeta a criterios subjetivos que más de una vez sirvieron para tachar a candidatos.
Con los elegidos se formaron juntas de electores que fueron los que designaron a los representantes de cada uno de los cinco departamentos reconocidos en el decreto. Una revisión a las actas de votación del departamento que era denominado Charcas —y que actualmente corresponde a Chuquisaca y Oruro— revela que la votación no respetó los criterios del decreto y cuatro ciudadanos de Chuquisaca, capital, fueron elegidos cuando esa ciudad solo tenía derecho a uno. Hubo, entonces, una manipulación que se repetiría en los fututos procesos electorales.
Esas malas prácticas fueron superadas con el tiempo y ahora el voto es universal, un privilegio que costó años conseguir y que no se debería desperdiciar a la hora de estar frente a la papeleta electoral.
