Las elecciones del domingo 17 de agosto marcaron un par de elementos de análisis que so irrebatibles: primero el fin de 20 años de un ciclo socialista y estatista en materia de energía y segundo: un balotaje que pone en el ruedo a dos ciudadanos con visión de estado diametralmente opuestas a lo que vivimos/sufrimos en éstas dos últimas décadas.
Seguramente los analistas políticos van a desentrañar los puntuales aspectos de la elección con mayor maestría y propiedad, pero ello no me resta expresar una felicidad absoluta. Finalmente, Bolivia sale del “club” de regímenes socialistas Cuba, Bolivia y Venezuela.
Dios quiera en noviembre acabe el ciclo izquierdista e inauguremos una etapa de reconstrucción.
Hay que reconstruir la economía. La política, la industria, las relaciones de la sociedad y principalmente la industria energética.
Algunas precisiones sobre la industria energética:
Bolivia enfrenta una crisis energética compleja que requiere una reconstrucción profunda de su sector de energía, petróleo y gas.
Dije en varias entrevistas en Tv local que los desafíos son estructurales, regulatorios y ambientales.
Por la ideología estatista/socialista, no hay ningún analista y más experto en el área en Bolivia que pueda contradecirme: Bolivia experimentó una disminución significativa en la producción de gas natural, lo que ha debilitado su posición como exportador y su capacidad de autoabastecimiento.
En 2023, las reservas probadas de gas natural se redujeron a 4,5 TCF (trillones de pies cúbicos. Esta caída se debe principalmente al agotamiento de campos maduros y a la falta de exploración de nuevas reservas, exacerbada por desincentivos regulatorios y una alta carga fiscal para los productores. En otras palabras: por ausencia de inversión privada. La caída en las exportaciones de gas, que pasaron de generar USD 6,000 millones a apenas USD 2,000 millones anuales, ha debilitado la balanza de pagos y las reservas internacionales.
La industria requiere alto volumen de capital, tecnología y recursos humanos. Es compleja y sensible.
Como no es país petrolero, sino gasífero Bolivia importa más del 80% del diésel y el 60% de la gasolina que consume, lo que representa una carga financiera significativa y una vulnerabilidad ante interrupciones. No olvidemos los subsidios a los combustibles, especialmente al diésel y la gasolina, generan una presión fiscal significativa y distorsionan la economía. Alguien paga los platos rotos de ese modelo imperfecto.
Las inmensas filas para combustible desde 2023 muestran, inequívocamente, el colapso del socialismo.
La reducción de ingresos por regalías e Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) afecta al presupuesto nacional, especialmente en regiones como Tarija, donde el 85% de los ingresos dependen de los hidrocarburos.
Y en el tema eléctrico, un exministro de Energía, Ángel Zannier, ya advertía que si las reservas de gas caen podrían haber apagones eléctricos en 2028, dada la falta de fuentes de generación.
No olvidemos: la matriz energética de Bolivia está dominada por los combustibles fósiles, que representan el 75,4% del consumo final de energía y la generación eléctrica (a gas natural), vale decir depende en un 70% de termoeléctricas, lo que limita la sostenibilidad y expone al país a riesgos ante la disminución de las reservas de gas.
Las soluciones podrían anotarse tipo recetario:
a) Nueva ley de hidrocarburos (la actual es de 2005), para incluir a inversiones privadas en toda la cadena de producción de gas, eliminar subsidios y permitir la modernización del sector. Nuevos desarrollos de exploración lograrán inversiones en ductos, en gasoductos, en refinerías. Etc.
b) Nueva ley de electricidad (la actual es de 1994) para, con igual propósito, incluir a inversionistas privados en diversificar la matriz energética mediante la expansión de energías renovables (solar, eólica, hidroeléctrica) y la electrificación de sectores como el transporte.
c) Reposición del Ministerio de Energía como cabeza de sector de la gigantesca industria eléctrica.
Conclusión: cualquiera de los dos candidatos que resulte ganador del balotaje, tanto Jorge Quiroga o Rodrigo Paz, a quienes expreso mi más profunda gratitud por vencer al socialismo, deben con democracia, con libertad y sin visión estatista/socialista reconstruir el sector energético, petrolero y gasífero de Bolivia con esas dos leyes marco, en lo que vendría a ser una NPE Nueva Política Energética para abrir el país a nuevas industrias y negocios relacionados a centros de datos para IA, industria del hidrógeno y el litio. Estas dos nuevas regulaciones podrían atraer unos 10.000 millones de dólares que reformarían y modernizarían la industria energética por los próximos cinco años.
