¿Cuál es el mal mayor de Bolivia? Hoy en día, seguramente, la economía: la crisis que asfixia a gran parte de la población boliviana. Después viene, casi sin temor a equivocarnos, la corrupción, pues alimenta a todos los demás, incluyendo la comisión de delitos que se evidencian con frecuencia.
Parte de la corrupción son los sobornos, que representan un porcentaje nada despreciable de los ingresos de muchos servidores públicos. Estos se movilizan solo cuando reciben pagos extras.
Por esa y otras razones, hacer un trámite simple en Bolivia puede convertirse en una verdadera pesadilla. Para abrir una pequeña empresa, obtener un certificado o sencillamente cobrar una deuda del Estado ¡o incluso pagarla!, se requieren semanas —cuando no meses— de idas y venidas, formularios duplicados, autorizaciones innecesarias, firmas selladas, fotocopias legalizadas y, sobre todo, paciencia, mucha paciencia. En cada rincón del aparato público, el ciudadano se encuentra con una muralla de trámites, de oficinas que no se hablan entre sí, de funcionarios que no se responsabilizan de nada.
Y no es un problema nuevo. Estamos ante un sistema diseñado para el estancamiento, que ha hecho de la ineficiencia una forma de vida. No sorprende que detrás de esta maraña se esconda también la corrupción, disfrazada de “agilidad por la vía rápida”. La burocracia boliviana no solo obstaculiza el desarrollo: lo sabotea. Mata la iniciativa, empuja a la informalidad y convierte a cada ciudadano en sospechoso. Pierde sentido un Estado que no sirve —sin complicaciones— a su gente.
Cada hora que un productor pierde en una ventanilla, cada proyecto que se retrasa por trámites absurdos, cada estudiante que no accede a una beca por falta de un documento innecesario, representa una derrota colectiva. No se trata de modernizar por estética sino de liberar a la ciudadanía de un yugo silencioso y costoso.
Una institución especialmente afectada por la corrupción desde hace mucho tiempo es la Policía. Por eso, casi todos los análisis apuntan a que el capitán Edman Lara, candidato a vicepresidente del Partido Demócrata Cristiano, aportó con un buen caudal de votos a la victoria de Rodrigo Paz, tras convertirse en adalid del combate contra este mal en la entidad del orden.
Por el lado de la alianza Libre, que irá a la segunda vuelta con el PDC, en el ámbito internacional se ha recordado que Jorge Tuto Quiroga enfrentó en 2009 un proceso por difamación tras denunciar corrupción en el Banco Unión. La condena, de dos años, fue anulada, pero el caso reabierto en 2024, en medio de la campaña electoral.
Resulta imprescindible encarar una reforma profunda, valiente y urgente, con medidas concretas que marquen un antes y un después en la lucha contra la corrupción. Por ejemplo, apostar por una digitalización real y no simbólica. No basta con poner formularios en línea, hay que integrar sistemas, eliminar redundancias y asegurar que un solo clic resuelva lo que antes tomaba días.
Para esto y todo lo que sirva para acabar con esta lacra es necesario tener un gobierno fuerte y decidido a trabajar en consecuencia. Está en manos de la próxima administración, la que surgirá con la elección entre dos, el 19 de octubre.
