Si bien realizar una segunda vuelta en las elecciones presidenciales es constitucional, en términos democráticos es solo un mecanismo que posibilita bajar al ganador y dar una segunda oportunidad al perdedor, siendo el costo (200 MM) pagado por la ciudadanía.
En las Elecciones Municipales de 2004, en Cochabamba, “Chaly” Terceros (CIU) le ganó a Gonzalo Lema (MAS-IPSP) por 3,3% de diferencia (34,3% vs 31%). CIU logró cinco concejales, el MAS cuatro, y la NFR (10%) y UCS (9,6%) cada cual a uno. Dado que en ese entonces regía el parlamentarismo en Bolivia, tras ese resultado, debían ser esos 11 concejales quienes de entre ellos elijan al nuevo alcalde de la ciudad. El MAS-IPSP negoció con la minoría, logrando conseguir su apoyo para Gonzalo Lema. Sin embargo, este se negó aduciendo que no fue a él a quien la ciudadanía eligió para ser su alcalde. “Así sea por pocos puntos, quien ganó las elecciones fue ‘Chaly’ Terceros”, dijo, y dejó que este último asuma la alcaldía.
Ya en ese tiempo, Gonzalo Lema al parecer entendió que el mecanismo de la elección parlamentaria del ejecutivo no era más que un simple instrumento para dar una segunda oportunidad a los perdedores de la votación; un instrumento para quienes no saben aceptar la derrota electoral. Así que, pese a tener el derecho a ser elegido alcalde por medio de la negociación en el legislativo, él decidió respetar la voluntad ciudadana expresada en el acto democrático.
Hoy ya no existe ese mecanismo parlamentario para burlar la decisión ciudadana. Pero, en su lugar, se impuso otro: la segunda vuelta de la elección presidencial y de gobernadores, cuando el ganador no supera el 50% de los votos o el 40% con una diferencia de al menos 10% con el segundo más votado (CPE, art. 166; Ley 026, art. 64.a). Este mecanismo permite darle una segunda oportunidad al que perdió por pocos puntos, para que pueda implementar una nueva estrategia e intentar usurparle el triunfo al ganador. Ciertamente, no se ve como una regla honorable, sino más bien como una de fomento al comportamiento político pusilánime y de la chicana.
A diferencia de la extinta elección parlamentaria del ejecutivo, la segunda vuelta electoral tiene un alto costo económico. Según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la del 19 de octubre de 2025 costará Bs 193.860.046,58, es decir casi 200 millones. Tal vez para los adinerados no sea mucho dinero, pero para la gente común es una cifra inimaginable. En una situación de crisis económica y una deuda extrema del Estado boliviano, gastar todo ese dinero en algo tan superfluo -en términos democráticos- llega a verse como un gran despilfarro de recursos y como una gran irresponsabilidad. Si quienes pagaran fueran los propios candidatos o sus patrocinadores, no sería un gran problema. Pero que los políticos no tengan reparo en realizar tan inmensos gastos para cosas tan irrelevantes como el “capricho” electoral –así como el pago de otro salario a legisladores suplentes– es una muestra de lo extremadamente irresponsables que son con su propia población, aunque en el discurso electoral pretendan mostrar su compromiso con el país.
Esperemos que los dos candidatos que buscan ingresar a una segunda contienda electoral tengan la capacidad humana de valorar el asunto y de tomar una decisión responsable con el país y la democracia. Podrían ambos encontrar una salida amistosa o negociada para evitar la segunda vuelta y el gasto innecesario de su realización. Se supone que ambos postulantes tienen más coincidencias que diferencias ideológicas como para lograr tal acuerdo. Esto está permitido por la norma, ya que la Ley de Régimen Electoral establece que “si la organización política de cualquiera de las dos fórmulas hasta cuarenta y cinco (45) días antes del día de la votación, hace conocer por escrito al TSE su declinatoria a participar en la segunda vuelta, ésta no se realizará” (Ley 026, art. 53.c).
Con una determinación de este tipo, ambos, sobre todo “Tuto” Quiroga, quedarían muy bien ante la opinión pública nacional e internacional, sentando un precedente honroso e interesante para la historia del país. Tienen hasta el 4 de septiembre para decidir. Ojalá lo hagan.
Es constitucionalista en temas de organización y funcionamiento del Estado.
