El Gobierno ha declarado emergencia nacional ante los reportes que dan cuenta de la rápida multiplicación de incendios en diferentes lugares del territorio nacional. De julio a la fecha ya hay 66 incendios forestales y se ha contabilizado 444 focos de calor en Beni; 210 en Santa Cruz; 64 en Potosí; 14 en Oruro; 12 en Cochabamba; 11 en La Paz y Chuquisaca; nueve en Pando y solo uno en Tarija, haciendo un total de 776 focos de calor.
Esta es una tragedia que lamentablemente ya no es excepcional, sino recurrente, y que desnuda cada año nuestras debilidades como Estado y como sociedad. Lo que está en juego no son solo miles de hectáreas de bosque que se pierden entre humo y cenizas, sino también la salud de comunidades enteras, la biodiversidad de ecosistemas frágiles y la imagen de un país que parece condenado a repetir sus propios errores.
Resulta evidente que la coordinación entre instituciones es insuficiente. Gobiernos municipales, gobernaciones y el propio nivel central actúan muchas veces con agendas distintas, cuando lo que se requiere es una sola línea de mando, eficiente, transparente y con respaldo técnico. En medio de una emergencia de esta magnitud no caben ni las rivalidades políticas ni la burocracia estéril: apagar un incendio exige más que discursos, fotos y culpas cruzadas; exige planificación, logística, presupuesto y decisión.
Pero la dimensión ambiental no puede separarse de la política. Lo más grave es que este nuevo ciclo de fuego coincide con un clima electoral enrarecido, en medio de una elección que se va a definir en segunda vuelta. La incertidumbre abre un espacio perverso para que quienes se benefician del caos —los que prenden fuego para ampliar tierras, manipular escenarios o alterar padrones— crean que pueden actuar con impunidad. Esa actitud es condenable y debe ser enfrentada con firmeza. El fuego no distingue colores partidarios, pero sí deja al descubierto la falta de voluntad para construir consensos que frenen de una vez la depredación de nuestros bosques.
El problema no es solo coyuntural. Desde hace más de una década, expertos y organizaciones ambientales han advertido que los incendios son la consecuencia de una política agraria mal entendida, que premia la expansión de la frontera agrícola y tolera la quema como práctica de “limpieza” de tierras. Mientras no se aborde esa raíz estructural, cada año repetiremos el mismo libreto: declaratorias de emergencia, brigadas insuficientes y promesas de sanciones que rara vez se cumplen. La impunidad se ha vuelto parte del combustible.
En este contexto, la responsabilidad es doble: del gobierno, que tiene la obligación de garantizar orden, seguridad y acción inmediata; y de los actores políticos, que deben mostrar prudencia y compromiso con el bien común. Convertir la emergencia ambiental en una herramienta electoral sería un crimen adicional contra el país. No se puede jugar con el sufrimiento de comunidades enteras ni con el futuro de nuestros bosques.
Bolivia necesita una política de Estado para enfrentar el fuego: con prevención, con sanciones efectivas, educación ambiental y recursos suficientes para brigadistas. Los incendios no son un espectáculo ni una oportunidad para sumar votos: son una tragedia que reclama unidad, liderazgo y una visión de largo plazo.
Si Bolivia quiere mirarse al espejo con dignidad, debe ser capaz de cortar este ciclo perverso que convierte el fuego en paisaje habitual de cada agosto; de lo contrario, la ceniza no solo cubrirá nuestros bosques, sino también la urgencia de un país capaz de aprender de sus errores. Ojalá que el gobierno que está de salida lo entienda antes de irse.
