“Ciudadanos: Bolivia se nos muere”. Esa fue la frase con la que Víctor Paz Estenssoro comenzó a dar a conocer las medidas económicas que implementaría para frenar la hiperinflación, aquel jueves 29 de agosto de 1985.
Las normas estaban contenidas en un decreto supremo, el número 21060, que básicamente establecía cambiar de una economía controlada en precios a un modelo de libre mercado en el que primaba la libre oferta y demanda. Inmediatamente se asoció lo de libertad a liberal, pero a las medidas de Paz Estenssoro se les puso el prefijo ‘neo’ por delante.
Los primeros en oponerse fueron los sindicatos, pero más por razones ideológicas que técnicas. Para el marxismo fundamentalista, todo lo que tenga que ver con liberalismo está relacionado con la fase final del capitalismo, el imperialismo, por lo que hubo una reacción y oposición prácticamente cantadas. A eso se sumó una medida que no pocos consideraron insensible: se despidió a la mayoría de los trabajadores de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), aunque pagándoles suculentas indemnizaciones. El gobierno lo llamó “relocalización”, porque se suponía que los mineros iban a ser reubicados en otros empleos. Lo que ocurrió al final es que muchos de ellos utilizaron sus indemnizaciones para “relocalizarse” en el Chapare, donde comenzaron a sembrar con los resultados por todos conocidos.
Las protestas ganaron las calles y los gases lacrimógenos se convirtieron en parte del paisaje urbano. En las marchas —que se reproducían en todas las ciudades— se hablaba del DS 21060 como que estaba liquidando la nación que el mismo Paz Estenssoro había ayudado a forjar en 1952. El Presidente decía que la norma iba a ser temporal, pues solo debía durar 20 años; hoy cumple exactamente el doble.
La principal crítica de los juristas fue que el 21060 era inconstitucional, porque atentaba contra varios derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado, y también se cuestionaba el hecho de que, siendo apenas un decreto, se lo haya puesto por encima de todo el ordenamiento legal de entonces.
Las medidas, en cambio, fueron bien recibidas por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia. A partir de ahí, podían prescindir de sus trabajadores aunque la Constitución de entonces y la Ley General del Trabajo no lo permitían, y hacía tres años que la Organización Internacional del Trabajo había aprobado el Convenio 158, prohibiendo los despidos injustificados.
La impopularidad del decreto dio lugar a que, en sus ofertas electorales, los partidos políticos prometieran derogarlo, pero ninguno lo hizo. Cuando llegó al poder, Jaime Paz Zamora —que fue uno de sus principales críticos— aseguró haberlo enterrado, pero los hechos demuestran que se sumó a la línea de los gobiernos neoliberales.
La verdadera columna vertebral del 21060 es la libertad de mercado, basada en la libre oferta y demanda, y esta se mantiene imbatible incluso 40 años después ya que, con las excepciones establecidas por la norma, los precios los fijan los ofertantes.
Bolivia finalmente no se murió y el principal soporte del DS 21060 se mantiene incólume. No solo que el decreto no ha sido enterrado, ni mucho menos derrotado, sino que, en la crisis de estos días, en los últimos meses ha sido varias veces mentado por economistas y analistas. Hoy mismo, el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, entre otros personajes de la historia política nacional, se refiere al tema en una reflexión sobre las similitudes de aquel 1985 y este 2025.
