Que la campaña haya subido de tono en algunos momentos no es suficiente para descalificarla, ni al proceso electoral todavía en curso. Acabada la primera fase de la elección presidencial, con la segunda vuelta en puertas y con la distribución de las cámaras legislativas ya fijadas sin que se hayan registrado incidentes, se puede celebrar que Bolivia haya vivido una jornada dentro de los parámetros de la normalidad democrática.
Los datos del sistema de conteo rápido desarrollado internamente por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) fueron consistentes y se correspondieron con los del cómputo oficial, algo que no debería merecer ninguna consideración especial, de no haberse registrado un fraude en 2019, lo cual generó lógicas susceptibilidades entre los bolivianos.
Con la garantía demostrada por el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, bajo la administración de los actuales vocales el sistema electoral de Bolivia ha demostrado ser transparente: el conteo es público y cualquier ciudadano tiene derecho a fiscalizarlo. No tiene sentido agitar fantasmas de un nuevo fraude mientras se obvian los sistemas elementales de control ciudadano.
No es menos cierto que el largo camino recorrido para llegar a este punto estuvo lleno de obstáculos, principalmente, por una gran cantidad de recursos judiciales con las que se pretendió impedir las elecciones generales del 17 de agosto. Y también hubo algunas fallas para corregir en el futuro.
Se partió con una medida polémica. Entre dudas, se eliminó uno de los elementos que contemplaba la Ley: las elecciones primarias, que, por un lado, le hubieran ahorrado millones a algunos candidatos pero, por el otro, ellas, en sí mismas, representan un gasto enorme.
Además, cabe recordar que se anularon personerías jurídicas a partidos a los que se les había otorgado innumerables prórrogas, aun tratándose de hechos insubsanables, mientras que se aprobaron otras en tiempo récord.
La lista oficial de candidatos no se conoció sino hasta unas horas antes de los comicios. Y, para acabar, las normas contemplan plazos inadmisibles, como el permitir que los partidos sustituyan candidatos hasta tres días antes de la elección, y que sus nombres no sean públicos —de nuevo— prácticamente al filo de que los ciudadanos concurran a las ánforas.
Hay normas que requieren retoques y ajustes, pero hay cuestiones de fondo que deben ser garantizadas, pues se trata de derechos políticos fundamentales. En esta elección han quedado fuera dos opciones de voto: la de Jaime Dunn, por un asunto administrativo de hace dos décadas que nunca le importó a nadie, y la de Evo Morales. En el primer caso, se cerró el paso a una candidatura nueva con una rigidez que no se vio en otros casos —como los de las autoridades electas que siguieron desempeñando sus funciones pese a ser candidatos— y, en el segundo, se aplicó una interpretación necesaria para frenar las postulaciones múltiples que, como se ha visto, no hacen más que convertir a la política en una actitud más de lucro que de servicio.
La desinstitucionalización del país es profunda y solo se recuperará por la vía democrática. La experiencia positiva del 17 de agosto no exime de la necesidad de mejorar.
