En un guion de Taylor Sheridan para ‘Lioness’ se lanza una advertencia que bien podría aplicarse a nuestra actual situación: “La primera señal de un reino en decadencia es cuando su gente cuestiona las instituciones que fundaron un Estado, como la estructura gubernamental, las iglesias y las escuelas. Rechazan a Dios porque los reyes se creen Dios, y muchos se enriquecen del Estado creyéndose reyes también”.
La frase parece describir con nitidez el proceso que Bolivia ha experimentado en las dos últimas décadas. En 2006, Evo Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) irrumpieron en la escena política prometiendo refundar el Estado y erigirse en garantes de justicia social. El llamado “proceso de cambio” se presentó como un quiebre histórico que elevaba al líder a la categoría de encarnación del pueblo.
La primera etapa (2006–2014) estuvo marcada por un evidente fortalecimiento estatal: control de los recursos naturales, redistribución de la riqueza, símbolos nacionales anclados en la identidad indígena-popular y un respaldo político sin precedentes. Sin embargo, todo orbitaba alrededor de la figura del caudillo. La Constitución de 2009, celebrada como refundación, pronto fue reinterpretada no para consolidar instituciones, sino para sostener un liderazgo personal.
Entonces, se manifiesta el síntoma: “Cuando el poder se concentra en el -rey-, las instituciones se debilitan”. La independencia judicial, la credibilidad del sistema electoral y la autonomía de los poderes del Estado comenzaron a resquebrajarse. El Tribunal Constitucional terminó avalando la reelección indefinida bajo el argumento de que constituía un derecho humano, lo que profundizó la crisis de confianza ciudadana.
La crisis de 2019 marcó el punto de inflexión. El referéndum de 2016 había puesto un límite al continuismo, pero el oficialismo lo desconoció. La crisis electoral y la posterior salida de Morales en medio de protestas consolidaron la percepción de que mecanismos esenciales como el voto, el sistema electoral y la justicia habían dejado de ser árbitros imparciales para convertirse en instrumentos del poder político.
El retorno del MAS en 2020 con Luis Arce despertó expectativas de recomposición institucional y de un giro hacia la gestión económica. Sin embargo, los conflictos internos y la continuidad de prácticas de persecución judicial contra opositores evidenciaron que la lógica del poder no cambió, solo se reacomodó.
El patrón se repite: desconfianza en la justicia, dudas sobre el órgano electoral y un creciente descreimiento hacia los partidos, tanto oficialistas como opositores.
En lo social, la tendencia no es distinta. La política formal genera apatía y la población busca referentes alternativos. Las organizaciones sociales, antes columna vertebral del “proceso de cambio”, hoy se encuentran fragmentadas entre la lealtad al caudillo original y la adhesión al nuevo liderazgo. La metáfora del “Dios sustituido por el rey” se traduce en un escenario donde el liderazgo político suplanta al orden moral e institucional.
El panorama resultante es claro:
- Una economía que evidencia signos de agotamiento del modelo extractivista.
- Un sistema político polarizado y vacío de credibilidad.
- Una ciudadanía que desconfía tanto del gobierno como de la oposición.
Siguiendo la lógica de la cita inicial, Bolivia vive un tiempo en el que los cimientos de la refundación ya no generan cohesión, sino desconfianza. Los líderes actúan como reyes modernos defendiendo parcelas de poder, mientras buena parte de la población se siente desprotegida, huérfana de instituciones capaces de asegurar justicia, estabilidad y equidad.
El desafío es mayúsculo: evitar que la decadencia institucional se convierta en la antesala de un autoritarismo más férreo o de un vacío que derive en caos. Bolivia enfrenta la disyuntiva de cerrar un ciclo o abrir otro que coloque a las instituciones –y no a los caudillos– en el centro de la vida democrática.
* Es ingeniero comercial de profesión, comprometido con el desarrollo de Sucre.
