En medio de una campaña electoral inédita, puesto que tendrá su meta en una segunda vuelta sin precedentes en la historia democrática del país, en las últimas semanas se ha ponderado la decisión del Órgano Judicial de acabar con las detenciones preventivas de líderes políticos y cívicos que se prolongaron durante años. Además, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pidió revisar los casos de presos comunes que se encuentran en las mismas condiciones.
Este es un problema de primer orden, pues, precisamente, la enorme cantidad de detenidos preventivos tiene hacinadas a las cárceles bolivianas.
La dura realidad de las penitenciarías salió nuevamente a la luz y al foco mediático, no sin nuevas protestas de los directos perjudicados: los internos, que viven en condiciones inhumanas y se hallan en un limbo judicial. Se trata de un asunto estructural y de fondo para la administración de justicia.
Más allá del instructivo del presidente del TSJ, Romer Saucedo, que inicialmente benefició a la expresidenta Jeanine Áñez, al gobernador cruceño Luis Fernando Camacho y al exlíder cívico Marco Antonio Pumari, se requieren transformaciones, un cambio de visión y —algo muy importante— recursos para optar por medidas alternativas que aseguren la aplicación de las leyes sin condiciones inhumanas para los procesados.
Una de ellas es la de las tobilleras o manillas electrónicas que, tal como lo publicó este periódico en su edición de este jueves, tiene una ley hace seis años, pero hasta ahora no se cumple.
No se pueden seguir postergando las soluciones a la cuestión del hacinamiento y la retardación de justicia. Es necesario que los nuevos legisladores lleven adelante las reformas que se necesitan para lograr una justicia verdadera, basada en valores y principios como la igualdad.
Según datos oficiales, en Bolivia hay 18.500 detenidos sin sentencia y al menos 4.500 han sobrepasado el límite de su detención preventiva, tres años sin condena, en los diferentes penales.
El Defensor del Pueblo estima, en su último informe, que la cifra de detenidos sin sentencia puede ser aún mayor: 33.275.
Además de las desalentadoras cifras de la realidad carcelaria existen historias de ciudadanos inocentes que estuvieron años detenidos por denuncias infundadas, procesos mal llevados y porque no cayeron en las redes de la corrupción.
Todos los penales, sin excepción, están repletos.
Las consecuencias de la retardación de justicia se traducen en la existencia de miles de ciudadanos privados de libertad sin una sentencia de primera instancia ni una ejecutoriada o definitiva. Mientras duran las investigaciones para demostrar su culpabilidad en los hechos que se les atribuyen, muchos cumplen una condena anticipada o están retenidos injustamente. Sus procesos están archivados, paralizados o en revisión, y el tiempo pasa…
Más del 63% (seis de cada 10) a nivel nacional son detenidos preventivos.
