En su última aparición pública, el defensor del Pueblo, Pedro Francisco Callisaya Aro, se refirió a un sondeo realizado por la institución que él dirige sobre el aumento de los precios de productos de la canasta familiar. ¿Desde cuándo la Defensoría del Pueblo reemplaza al Instituto Nacional de Estadística? ¿Cuáles son sus metodologías de trabajo? ¿Hablar de alimentos es hablar de un derecho humano? ¿En qué se relaciona con los mandatos de la Defensoría, con su Visión o con su Misión?
La respuesta es fácil. El Defensor está extraviado como está el conjunto de esa entidad desde que Evo Morales, Álvaro García Linera y Juan Ramon Quintana la utilizaron para sus fines personales, partidarios y oficiales.
Hace mucho tiempo que la Defensoría dejó de ser un puente de mediación entre el Estado y la Sociedad Civil. Al contrario, como muy bien graficó el líder de los cocaleros del circuito ilícito con la cocaína, la Defensoría estaba a su servicio como otras reparticiones de la administración pública.
En los últimos tres años el abogado Callisaya llena la portada institucional con sus fotografías al lado de mujeres indefensas, de niños, de indígenas. Igual sucede con los Podcast y con otras publicaciones. Autopropaganda personal no información institucional.
Callisaya trabajó varios años en la Defensoría. Apoyó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2026 y 2017. Esa entidad, tal como escribimos en otras ocasiones, cerró los ojos para asuntos dramáticos como la represión en Chaparina. Su representante Denis Racicot actuó permanentemente en defensa de Evo Morales; incluso en 2019 cuando ya no ejercía en Bolivia y voceros internacionales amplificaron la narrativa del “golpe de estado”.
Los documentales de la Defensoría sólo muestran una parte del conflicto post electoral de ese año sin indagar la actividad de los grupos paramilitares del MAS y la violencia contra periodistas o contra el ex defensor Waldo Albarracín.
Callisaya fue parte del desprestigiado Tribunal Departamental de Justicia de La Paz hasta el año 2021. Fue elegido Defensor por la Asamblea Legislativa Plurinacional con mayoría masista.
Sucedió a la interina Nadia Alejandra Cruz Tarifa. Su interinato debía durar 90 días, pero se quedó tres años. Entre sus actuaciones más polémicas estuvo su participación en el cabildo en el Chapare, donde arengó a los “hermanos” cocaleros. Trabajó junto al abogado de Morales Néstor Cox. Sus acciones fueron asumidas como parcializadas, lo que a la vez provocó reacciones ciudadanas contra ellos, algunas violentas. La CIDH de la OEA salió en su defensa. La CIDH fue también considerada parcializada por el MAS. Posteriormente ocupó un puesto en la administración de Luis Arce como viceministra de Igualdad de Oportunidades junto con Iván Lima.
El otro Defensor fue David Alonzo Tezanos Pinto Ledezma, cuyas actuaciones fueron contradictorias. Tuvo que renunciar por acusaciones de violencia en el ámbito doméstico. Utilizó las oficinas de la Defensoría para contar sus infidelidades.
El último Defensor que intentó mantener la independencia de la entidad fue Rolando Villena, a pesar de las presiones del propio presidente Morales y de sus ministras.
En los últimos 10 años, la institución no cumplió su rol. En cambio, agrandó su burocracia. Se limita a realizar talleres, a emitir comunicados, a firmar acuerdos sin lograr incidencia real ni cambios en el aparato represivo gubernamental.
Las acciones verdaderamente eficientes las cumplen las defensorías de los municipios que actúan oportunamente para atender casos de violencia contra niños, mujeres y los abusos policiales y militares.
El Estado ahorraría muchos ítems.
Tampoco funciona la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), creada para alentar la producción y mediar entre productores y consumidores. Otro caso de burocracia fracasada. Sus responsables no emiten informes reales, en cambio las amas de casa encuentran que ese rol lo cumple mejor el mercado. Es un asunto que seguramente será auditado en detalle en la próxima gestión.
El próximo gobierno encontrará cantidad de papelería, banners, escudos con el logotipo inventado por los pachamamistas para reemplazar los emblemas nacionales. ¿Cuánto se gastó? ¿Qué empresas se beneficiaron? ¿Quiénes hicieron los contratos? ¿Qué dibujante ganó un concurso de méritos? Etc. Etc.
La reestructuración deberá ser completa en el Ministerio de la (No) Cultura y en la Fundación Cultural del Banco Central convertida en agencia de la mediocridad. Muchos funcionarios y consultores apegados al MAS tendrán que buscar otras pegas.
