El Tribunal Supremo Electoral convocó a los protagonistas del balotaje a firmar un compromiso de renunciar a la ‘guerra sucia’, pero uno de ellos todavía no lo ha hecho. ¿Por qué no se suma a esta iniciativa cuyo propósito es que la segunda parte del proceso electoral se desarrolle de la manera más limpia posible?
Buen momento para reflexionar sobre la debilidad de la democracia y el flaco favor que a ella le están a veces tanto políticos como las instituciones encargadas de protegerla.
La democracia, en estos tiempos en los que la información fluye a toda velocidad por canales formales e informales, donde quien más, quien menos se puede dar a conocer de forma rápida y efectiva para, al fin, pedir el voto, la transparencia resulta clave, y en esto no debería importar que alguien llegara a ponderar en serio sus opciones de ser presidente tanto a través de una agrupación ciudadana creada exprofeso o de un partido con ochenta años de historia.
No obstante, en la campaña electoral de este año se ha visto una gran cantidad de zancadillas, codazos, fichajes, pataletas, intentos hostiles, berrinches y todo tipo de discursos opacos o vacíos, tratando de esquilmarle a la gente lo más importante: saber qué pretende cada cual.
Como sea, el ciclo electoral ha entrado en su fase decisiva para una elección que, como todas, marcará los designios del país y es imperioso recordar algunos antecedentes.
La última legislatura hizo aguas ni bien se rompió la bancada oficialista, a pesar de que el cambio propiciado en el reglamento daba diferentes posibilidades aritméticas para conformar mayorías y cumplir con la verdadera misión de la Asamblea: más allá de fiscalizar, tener la iniciativa política para generar acuerdos que mejoren la calidad de vida de los bolivianos.
Lo cierto es que nada de eso ha sucedido: en la primera parte de la legislatura apenas se renovaron algunas instituciones como la Defensoría del Pueblo, pero pronto llegaron los roces con las leyes y decretos relativos a la integración del sistema financiero en las normativas internacionales y que se bautizaron como planes “contra el enriquecimiento ilícito”, y que de igual forma salieron derrotadas. Además, hubo algunas interpelaciones a ministros que finalmente el Tribunal Constitucional Plurinacional vetó y el presidente Luis Arce eludió evidenciando el escaso respeto a la división de poderes.
La segunda parte ya ha sido un querer y no poder. El Gobierno no ha previsto ninguna reforma de calado y apostó por los créditos internacionales y los contratos del litio, que, tal como se preveía, no salieron adelante por mero cálculo inmediatista, aunque el Ejecutivo tenga razón en que el bloqueo a esos préstamos acabó perjudicando a todos y que el propio MAS haya perdido la perspectiva más soberanista en el desarrollo de la industria del litio en su nueva técnica.
Serán los próximos parlamentarios quienes tengan la llave de la gobernabilidad, los que perfilen el horizonte del país y los llamados a encontrar los espacios necesarios para superar la crisis y devolver a Bolivia a la senda del crecimiento y el bienestar. Por eso es imprescindible la capacidad de diálogo y entendimiento, para construir y no para destruir. Toca ser exigentes.
