Bolivia es un país violento para las mujeres, un país con muchos problemas de seguridad vial y laboral, mayormente porque la imprudencia se impone, pero nunca había sido un país especialmente azotado por la delincuencia, algo que viene creciendo por los efectos silenciosos de la crisis económica. A esto se suma la creciente ola de violencia detectada en el continente por los cambios en la dinámica de distribución de la droga a nivel mundial, que ha desatado verdaderas guerras y ajustes de cuentas por el control de las rutas.
Comparar los niveles de delincuencia en la región sirve para entender la posición de Bolivia e identificar medidas exitosas que se podrían adoptar con el objetivo de reducir la incidencia delictiva que ha ido creciendo en los últimos meses. Prevenir, por una vez.
En América Latina, la violencia y la delincuencia tienen múltiples caras. Países como Honduras, El Salvador y Venezuela registran algunos de los índices de homicidios más altos del mundo, impulsados por pandillas y el crimen organizado. México lucha contra el narcotráfico y sus consecuencias devastadoras en términos de secuestros y asesinatos. Por otro lado, Chile y Uruguay muestran niveles más bajos de criminalidad gracias a políticas efectivas de seguridad y justicia, además de una mayor inversión en desarrollo social.
Bolivia, aunque no está entre las naciones más violentas, enfrenta desafíos significativos en términos de delincuencia. La criminalidad en las ciudades ha aumentado, y fenómenos como el narcotráfico y la violencia doméstica están al alza, como prueban los recientes ajustes de cuentas en el oriente boliviano y los hallazgos de sembradíos en Llallagua y el norte potosino. En las zonas rurales, la inseguridad se manifiesta de otras maneras, como el abigeato y conflictos territoriales. Además, la percepción de inseguridad sigue siendo alta, lo cual afecta la calidad de vida y la confianza en las instituciones.
Políticos del oficialismo y de la oposición tienen claras las medidas a adoptar, pero su aplicación práctica sigue demorada. Aparentemente, el cambio no les urge porque su forma de hacer política tiene mejores posibilidades de desarrollarse si las cosas se mantienen como están.
Es urgente una reforma integral que profesionalice y modernice la Policía Boliviana. Esto incluye mejores condiciones laborales, formación continua en derechos humanos y técnicas modernas de investigación, y un sistema de incentivos y sanciones que premie el buen desempeño y castigue la corrupción. La implementación de cuerpos especializados, para combatir crímenes específicos como el narcotráfico y la violencia de género, también es crucial.
Por otro lado, todos coinciden en la necesidad de fortalecer el sistema judicial para que sea más eficiente y transparente. Transformarlo es la base para combatir la impunidad. Hace años, incluso décadas, se viene identificando a la corrupción en las fuerzas policiales y judiciales como uno de los grandes problemas a la hora de abordar con enfoque múltiple la lucha contra la delincuencia.
Por eso será importante mejorar la tecnología y la transparencia, además de dotar a la sociedad y sus movimientos organizados de herramientas para la denuncia; pero, sobre todo, para insertar socialmente a las personas vulnerables, que fácilmente pueden acabar en las redes delincuenciales. Resulta indispensable una mayor voluntad política y un compromiso ciudadano para anticiparse a una deriva que puede acabar haciendo aún más daño a la de por sí frágil cohesión social en Bolivia.
