Urge, de verdad, hacer una reconstrucción de la arquitectura legal de la industria de electricidad en Bolivia, para atraer inversiones con rapidez.
Un par de ejemplos de las bondades de la inversión privada en este rubro: Brasil es uno de los países latinoamericanos más atractivos para inversiones en energía renovable, ocupa cuarto lugar a nivel global en inversiones privadas en generación de energía vía eólica/solar, convirtiéndose en el segundo país con mayor aumento de electricidad eólica en 2023, después del ultra/consumidor de carbón la China comunista.
Otro caso emblemático de la importancia de la inversión privada en la industria es Chile: 2024 cerró con una inversión récord de USD 5.695 millones en el sector, lo que representó un crecimiento del 231% en comparación con el 2023. De modo que la generación eléctrica vía energía renovable no convencional consolida liderazgo, representando el 51% de la capacidad instalada del sistema eléctrico chileno. Las centrales solares fotovoltaicas lideraron con 11.746 MW, seguidas por la energía eólica (6.470 MW) y el gas natural (4.862 MW).
Adicionalmente, Chile lidera lo que se denomina “flexibilidad eléctrica”, vale decir capacidad de un sistema eléctrico para adaptarse rápidamente a variaciones en oferta/demanda de energía, garantizando la estabilidad de la red. Esto es esencial en la transición energética, donde las fuentes renovables variables como la solar y la eólica generan electricidad de forma intermitente (por ejemplo, el sol no brilla de noche o el viento varía). La flexibilidad permite equilibrar estos desajustes mediante mecanismos como el ajuste de generación, la respuesta de la demanda (demand-side management) o la integración de tecnologías que absorban excedentes y liberen energía cuando sea necesario. Esto evita intermitencias, apagones o ineficiencias.
El almacenamiento (o storage) es un pilar clave de esta flexibilidad. Consiste en tecnologías que capturan energía eléctrica cuando hay exceso (por ejemplo, durante picos solares) y la devuelven a la red en momentos de escasez. Naturalmente la tecnología de almacenamiento está avanzando a pasos agigantados.
Volvamos al tema boliviano: la legislación eléctrica de Bolivia (Ley 1604 de 1994 que abrió el sector a la participación privada pero posteriormente limitada por nacionalizaciones, que concentró el 80% de la generación en manos estatales) actual no contempla con énfasis y a profundidad lo que podrán ser negocios en energías renovables ni eficiencia energética, presenta barreras como inseguridad jurídica, subsidios distorsionantes y falta de incentivos claros.
Para atraer inversiones privadas en generación, transmisión y distribución —especialmente en renovables, donde Bolivia tiene alto potencial solar y eólico pero que hoy sólo representa el 2-3% de la matriz—, se necesitan reformas inspiradas en mejores prácticas de América Latina (como subastas en Chile y Uruguay, o incentivos fiscales en Brasil).
Estas reformas podrían aumentar la inversión privada, que actualmente es mínima (menos del 20% en generación), y apoyar la meta de neutralidad de carbono para 2050.
Aspectos que podría contener una nueva Ley de Electricidad y Transición Energética:
a) Para nuevos negocios de generación, transmisión, distribución: incorporar cláusulas de estabilidad regulatoria por 20-25 años en contratos de inversión, prohibiendo expropiaciones sin compensación justa y estableciendo arbitraje internacional para disputas. La inseguridad post-nacionalizaciones ha disuadido inversores; en 2025, reservas de gas caen y se necesita inversión urgente para evitar importaciones. Esto alineará con tendencias globales y el FMI, que urge un marco claro para atraer capital privado.
b) Cero impuestos para incentivar industria de generación renovable: exención de IVA e impuestos a la renta por 10 años para proyectos nuevos en renovables.
c) Introducir deducciones aceleradas de depreciación (2 años) y créditos fiscales por generación renovable (hasta 40% de inversión). Ejemplo Regional: como ya expresamos Brasil y su régimen de incentivos fiscales ha quintuplicado generación solar en 5 años, con aproximadamente 10 mil millones USD anuales en inversión de privados.
d) Permitir APP (alianzas público privadas) en todos los nuevos proyectos de generación renovable y transmisión, con el Estado aportando tierras o permisos ambientales; permitir control estatal en hasta 49% en nuevos joint ventures para renovables, y habilitar concesiones privadas para líneas de transmisión bajo riesgo propio (modelo BOT: Build-Operate-Transfer); APP diversificarían riesgos y atraerían expertise privado para expandir la red (meta: 200 MW renovables para 2027). Ejemplo Regional: Uruguay y su modelo de APP en eólicos ha generado 1.300 MW privados, cubriendo 40% de demanda con estabilidad contractual.
e) Implementar Mecanismos Subastas y Net Metering, de manera de incluir subastas anuales, por ejemplo 1500 MW anuales para solar/eólica podría triplicar inversiones privadas. Un ejemplo latinoamericano exitoso: la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica (AUGPEE), aboga por políticas que permitan a sus miembros (empresas privadas) inyecta electricidad, eficientemente, a la red, evitando desperdicios y fomentando ventas o exportaciones. Los excedentes son sometidos a Inyección y Venta a la Red de UTE (empresa estatal Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas), recibiendo compensación al precio del mercado spot (calculado por la Administración del Mercado Eléctrico - ADME).
f) Incluir para nuevos parques solares, hidro o eólicos, modelos de contrato tipo PPA (Power Purchase Agreement,) que es un acuerdo contractual a largo plazo entre un productor de energía (generalmente un generador privado de electricidad, como una planta solar, eólica o hidroeléctrica) y un comprador (que puede ser una utilidad eléctrica, un gran consumidor industrial o comercial, o incluso un gobierno). Su objetivo principal es garantizar la venta y compra de una cantidad fija de energía eléctrica a un precio preestablecido durante un período extendido, típicamente de 10 a 25 años. Esto es especialmente común en el sector de energías renovables. Los PPA ayudan a mitigar riesgos financieros para los desarrolladores (al asegurar ingresos estables) y permiten a los compradores acceder a energía limpia a costos predecibles, independientemente de las fluctuaciones del mercado.
g) Fortalecer Regulación Independiente y Eficiencia Energética: Fortalecer la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear (AETN) como regulador autónomo (presupuesto independiente, sin injerencia política), y agregar normas para eficiencia (estándares mínimos para electrodomésticos y edificios, con incentivos fiscales para cumplimiento).
Infortunadamente la actual Constitución -de corte ultra socialista/estatista- establece un rol central del Estado en sectores estratégicos como la electricidad (competencias exclusivas en generación/transmisión/distribución) y permitiendo intervención estatal en toda la cadena; sin embargo creemos que urge una reforma constitucional para viabilizar la participación de privados en éstos sectores como electricidad e hidrocarburos, que van de la mano porque de momento la matríz eléctrica boliviana es casi 70% dependiente del gas.
Consideramos que ambos sectores se beneficiarían de un fresco ingreso de privados que aportarían permanente modernización, incorporación de tecnología, capitales y otros elementos que no necesariamente los tiene un estado latinoamericano.
