E
n julio de 2014, luego de que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) inscribiera al sitio Potosí en la lista de Patrimonio en Riesgo, el diario de esa ciudad, que forma parte de esta casa periodística, advirtió que los hundimientos en el Cerro Rico son provocados por los trabajos ilegales de explotación minera en su cúspide, a partir de la cota, o medida, 4.400.
A partir de entonces, las publicaciones fueron frecuentes y un trabajo investigativo sostenido permitió evidenciar que la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) formaba parte de la ilegalidad de los trabajos en la cúspide de ese yacimiento. Y se habla de ilegalidad porque, además de la condición de Monumento Nacional que tiene el Cerro Rico —lo que lo pone bajo protección del Estado—, el Decreto Supremo 27787 prohíbe operaciones mineras por encima de la cota 4.400, pero la estatal minera encontró un procedimiento administrativo para autorizar operaciones en la zona prohibida: autorizaciones simples, impresas en talonarios y que son distribuidas con el nombre de “tornaguías”. En otras palabras, mientras la ley prohíbe trabajos en la cúspide, la Comibol los autorizaba simplemente extendiendo las “tornaguías”.
Ante el deterioro visible a los ojos de todos, la Comibol reconoció que existen hundimientos y, a partir de entonces, se dedica simplemente a contabilizarlos: no impulsa acciones para frenar el avance del deterioro. Se han invertido millones de bolivianos en proyectos de relleno de los hundimientos, pero estos no sirven de nada si se sigue cavando por abajo. Debido a la prohibición, lo que corresponde es paralizar todo trabajo en la cúspide, algo que el Ministerio de Minería no aceptó nunca, en parte por el peso político del cooperativismo y también por el poder fáctico de este sector, que tiene 30.000 empleados de las minas.
El sistema del cooperativismo minero trabaja, en realidad, como una empresa privada, que goza de privilegios porque incluso sus obligaciones tributarias son menores a las que cumplen otros actores de la economía nacional.
Los daños que causa el cooperativismo del Cerro Rico de Potosí, tanto a la montaña como el medioambiente, solo han sido superados por otros mineros, los auríferos, que operan en el norte de La Paz y contaminan los ríos con mercurio, pero el Estado tampoco acciona contra ellos porque el Ministro de Minería pertenece a ese sector.
El incumplimiento de la ley ha motivado recursos legales y resoluciones constitucionales que ordenan frenar el avance del deterioro del Cerro Rico; la última, incluso, el congelamiento de cuentas de las autoridades del Ministerio de Minería y la Comibol.
