El 2025 está dejando un registro tan alarmante como doloroso: la escalada de violencia vinculada al sicariato. En Santa Cruz, Cochabamba, Pando o Yapacaní, los asesinatos, secuestros y emboscadas se repiten con un patrón común: múltiples disparos, víctimas vinculadas a negocios turbios y un sello inconfundible de ajustes de cuentas propios del narcotráfico. Hasta agosto, más de una veintena de personas han sido ejecutadas bajo esta lógica de violencia que recuerda a escenas de México, Brasil o Colombia.
La sucesión de casos evidencia que ya no se trata de “emisarios extranjeros” o “casos aislados” o “esporádicos”. También que podría no tratarse solo de facciones extranjeras tratando de ganar territorios o instalarse en Bolivia. Los informes policiales revelan que ciudadanos bolivianos ocupan un rol cada vez más protagónico en estas estructuras, lo que implica un arraigo local de las redes criminales. La investigación sobre el secuestro y asesinato de Lorgio Saucedo, que derivó en el hallazgo de avionetas, armas de guerra y droga en un hangar de Warnes, muestra que la frontera entre “delincuencia importada” y participación nacional, si alguna vez existió, se ha borrado.
Lo que antes parecía excepcional hoy empieza a mostrar continuidad. Una niña de cinco años muerta en Cochabamba tras un ataque con 38 disparos; un capitán de policía ejecutado en Santa Cruz; tres extranjeros torturados y asesinados en Petrolero Norte; secuestros con falsos agentes en barrios residenciales; emboscadas a plena luz del día. La lista crece y con ella el temor ciudadano, mientras la capacidad de respuesta del Estado sigue en entredicho.
El contexto regional agrava la alarma. Brasil, con el PCC y el Comando Vermelho, y Paraguay, con el “clan Rotela”, ya sufren los estragos de organizaciones transnacionales que operan con recursos infinitos y violencia extrema. Los pasos fronterizos de Bolivia, mal controlados, son terreno fértil para estas mafias que buscan consolidar corredores estratégicos de cocaína hacia puertos atlánticos y del Pacífico. El riesgo es que lo que en países vecinos costó miles de vidas y décadas de lucha se replique aquí con la misma crudeza y en tiempo record.
La coyuntura política también importa y no es menor. Bolivia atraviesa un periodo de transición tras la certificación de la caída del MAS, con instituciones debilitadas y fuerzas políticas más preocupadas por la disputa de cuotas de poder de lo que con seguridad será un gobierno débil controlado desde la Asamblea, que por enfrentar un enemigo mucho más grave y urgente. El narcotráfico no espera a que estabilicemos nuestra democracia: aprovecha vacíos de autoridad, fracturas institucionales y la desconfianza ciudadana.
En este escenario, la reacción no puede limitarse a operativos puntuales ni a conferencias de prensa que buscan tranquilizar sin resultados tangibles. Se requiere una estrategia integral: inteligencia criminal fortalecida, depuración real de la Policía, cooperación efectiva con países vecinos y un sistema judicial blindado contra la corrupción. Sin estas condiciones, cada golpe al narco será apenas un respiro antes de la próxima emboscada.
Bolivia está a tiempo, pero no por mucho. La violencia que ya golpea nuestras calles es un espejo de lo que podría venir si el Estado no asume que el combate al narcotráfico es una cuestión de seguridad nacional y supervivencia democrática. La sociedad, por su parte, debe exigir resultados concretos y no resignarse a que el sicariato sea parte de la nuestra realidad cotidiana. Esta es una realidad que debe ser abordada por los candidatos que pasaron al balotaje.
