La economía boliviana enfrenta uno de los periodos más complejos de las últimas dos décadas. El Banco Mundial prevé que el país entre en un ciclo de recesión prolongada, con una contracción estimada del PIB de −0,5 % en 2025, −1,1 % en 2026 y −1,5 % en 2027. A ello se suma un escenario de inflación alimentaria creciente, presiones fiscales por la reducción de subsidios y reservas internacionales limitadas. Oxfam advierte que el aumento de precios golpeará con especial dureza a los hogares pobres, mientras la Universidad Privada Boliviana (UPB) proyecta una pérdida sostenida del poder adquisitivo y un incremento de la informalidad laboral si no se adoptan medidas correctivas inmediatas.
El contexto político añade incertidumbre, que impulsa a la necesidad de revisar el esquema de subvenciones, atraer inversión privada y promover la industrialización; de lo contrario, la pobreza y la inseguridad alimentaria podrían incrementarse entre 5 y 7 puntos porcentuales en los próximos dos años, según analistas nacionales e internacionales.
Frente a este panorama, resulta urgente una política pública que actúe de manera directa sobre los determinantes de la crisis alimentaria. Se propone, por tanto, la formulación e implementación de una Política Departamental de Fortalecimiento Productivo Agroalimentario, orientada a incrementar la producción local de hortalizas, legumbres y ganadería menor y mayor. Esta política debe combinar inversión en equipamiento e infraestructura con asistencia técnica y acceso a tecnologías adaptativas que reduzcan el riesgo climático, especialmente en un periodo donde la variabilidad de lluvias y el estrés hídrico amenazan la estabilidad productiva.
El segundo componente de la propuesta se enfoca en la generación de valor agregado en las ciudades capitales e intermedias, mediante la inserción de capital fresco proveniente de la cooperación internacional. Este financiamiento permitiría crear y fortalecer pequeñas unidades productivas que transformen la producción primaria en alimentos procesados, fomentando el autoempleo, dinamizando la economía local y estabilizando los precios internos. Con ello se cerraría el circuito entre producción rural y consumo urbano, asegurando la oferta de alimentos sanos y accesibles.
El impacto esperado es doble: en el corto plazo, contribuiría a moderar la inflación alimentaria mediante mayor disponibilidad local; en el mediano plazo, impulsaría excedentes que podrían insertarse en mercados nacionales, generando divisas y empleo. La oportunidad es inmediata, pues el calendario agrícola –iniciado entre agosto y septiembre– permite alinear las primeras acciones con las etapas de siembra y cosecha que se extienden hasta mayo, antes del estiaje.
Para hacer posible esta política, se recomienda estructurar un modelo de gobernanza interinstitucional que integre al Gobierno Departamental, municipios, universidades, sector empresarial privado, productores y cooperación internacional. El financiamiento mixto –recursos públicos limitados, aportes municipales y fondos de cooperación– permitiría sortear las restricciones fiscales actuales. Paralelamente, se debe crear un sistema departamental de información y monitoreo de precios y disponibilidad de alimentos, con el fin de orientar decisiones de siembra y prevenir distorsiones de mercado.
Asimismo, la política requiere un enfoque de innovación: promover el uso de riego tecnificado, reservorios, bioinsumos y semillas adaptadas; capacitar a productores en gestión agroempresarial; y facilitar canales de comercialización directos entre el campo y la ciudad. Estas acciones reforzarían la resiliencia del territorio ante los choques económicos y climáticos que se prevén hasta 2027.
En conclusión, la coyuntura nacional demanda respuestas concretas y territoriales. Una política departamental que impulse la producción agrícola, el valor agregado y la resiliencia climática no solo mitigará los efectos de la crisis económica proyectada, sino que sentará las bases de una seguridad alimentaria sostenible, basada en la producción local, el empleo digno y la cooperación efectiva. Sembrar futuro en tiempos de crisis exige voluntad política, visión técnica y compromiso con los más vulnerables: tres elementos ausentes en la agenda electoral, pero indispensables para garantizar la estabilidad económica y social del país.
