Como era de esperarse, Evo se atribuyó la contundente victoria del PDC de Rodrigo Paz en las elecciones generales, con el apoyo de sus bases campesinas y cocaleras. Y es ciertamente una victoria para él, puesto que no tendrá al frente un líder con autoridad y firmeza como Jorge Tuto Quiroga, que anunció que haría cumplir la ley con la detención y el debido proceso judicial contra un personaje que carga en sus espaldas la muerte de decenas de bolivianos, en su intento de ser el presidente vitalicio de Bolivia, al estilo de ciertas autocracias africanas.
Su propio excolaborador y casi expresidente, Luis Arce Catacora, ha señalado en una entrevista a la agencia EFE que Evo eligió a una alternativa débil para poder negociar su libertad y su posible retorno a la competencia electoral. De ser así, usaría la misma estrategia de acoso y desgaste del nuevo gobierno para luego negociar a cambio de impunidad, mediante un sistema judicial totalmente subordinado al poder político.
Para Evo no existen normas y leyes inquebrantables. Para él, todo asunto es negociable a partir de la presión política y social, incluso la Constitución Política a la que desobedeció para habilitarse de manera indefinida como candidato presidencial, generando una crisis política y social que se llevó la vida de más de medio centenar de bolivianos en 2019.
Evo por sí mismo es el opuesto de la institucionalidad, de aquellos procesos estandarizados que hacen del Estado un sistema que debe tratar por igual a sus ciudadanos. Para Evo, hay leyes para los demás y no para él y sus fieles, los marginados de la historia. Con este victimismo como estrategia, Evo actúa con impunidad y deja como herencia un Estado boliviano totalmente destruido por la ineficiencia y el despilfarro de recursos que durante años mantuvieron la lealtad de sus bases.
El nuevo gobierno en apariencia no representa peligro para Evo Morales, que ya habló claro y fuerte de que asumen el poder con su visto bueno.
En conclusión, son muchas las dudas que genera el resultado de las elecciones generales de 2025. Todos esperamos que el sistema judicial recupere su independencia, y será, sin duda, una prueba de fuego para la institucionalidad la gestión de los múltiples casos judiciales del expresidente Evo Morales, un boliviano que con su poder casi absoluto se imaginó por encima de las leyes y la Constitución. La población en las calles en su momento le hizo recuerdo de su condición humana y le enseñó a entender que lo que se hace se paga.
