Tras semanas e incluso meses de tensión política, el Concejo Municipal de Sucre finalmente aprobó el POA 2026, allanando el obstáculo que impedía el normal desarrollo de la gestión municipal; no obstante, lo hizo con un retraso excesivo, lo que no solo afecta la credibilidad del proceso, sino que también provoca una sensación de insatisfacción y escepticismo entre los actores involucrados, el control social y la ciudadanía en general.
El Gobierno Autónomo Municipal de Sucre enfrentó una serie de problemas políticos y administrativos, entre ellos la no aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 2026 en el tiempo y plazo establecidos; y no se trataba solamente del POA, sino también del Presupuesto Institucional Plurianual y el Anteproyecto de Presupuesto Institucional 2026, que debían haberse registrado y presentado hasta el 8 de septiembre, según el instructivo del ente rector, en el módulo de Formulación Presupuestaria del Sistema de Gestión Pública (Sigep), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas/Dirección General de Programación y Gestión Presupuestaria; asimismo, los proyectos de Inversión Pública debían ser registrados en el Sistema de Información Sobre Inversiones (SISIN-WEB) del Ministerio de Planificación del Desarrollo.
Lo que a primera vista podría parecer una simple disputa política, ya recurrente en nuestro medio entre el Ejecutivo y el Concejo Municipal, en realidad refleja un problema estructural de mayor envergadura: deficiencias institucionales que amenazan el normal desarrollo de la gestión municipal. Ese problema suscitó un considerable revuelo e inquietud, subsanado a última hora, cuando las papas quemaban, porque se corría el riesgo del congelamiento de cuentas fiscales y, sobre todo, el perjuicio y el retraso en la iniciación de programas y proyectos estratégicos de 2026, la afectación en la prestación de servicios básicos, comprometiendo el bienestar de la población y profundizando la desconfianza ciudadana en la representación de sus autoridades.
Mientras avanza inexorablemente el calendario hacia el cierre de 2025, los datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, según las Estadísticas de Presupuesto y Ejecución por Entidad, publicadas al 31 de julio de 2025, la ejecución presupuestaria del GAM Sucre alcanza solo un 39,9%. Esta cifra, inferior a la registrada el año pasado, evidencia la urgente necesidad de redoblar esfuerzos para acercarse al nivel de ejecución obtenido en 2024. Este bajo desempeño refleja claramente cómo los problemas políticos afectan la eficiencia de la administración municipal.
Resulta igualmente neurálgico analizar la estructura del Presupuesto 2025, que supera los 713 millones de bolivianos, de los cuales un desproporcionado 62% está destinado a Gasto Corriente, mientras que apenas el 28% se destina a Inversión Pública. Este desequilibrio no solo es incoherente, sino que resulta profundamente inadmisible, pues asignar una mayor proporción de recursos al gasto corriente en lugar de a la inversión pública limita el desarrollo y el crecimiento sostenible urbano y rural del municipio. La prioridad debe ser redirigir recursos hacia la inversión, que es la vía para generar infraestructura, servicios y desarrollo integral a largo plazo, evitando que los gastos operativos absorban la mayor parte del presupuesto, comprometiendo el futuro y la capacidad de respuesta del municipio.
Otro aspecto de análisis radica en la política recurrente de acudir a créditos internos y externos para financiar proyectos de inversión en infraestructura, servicios públicos y desarrollo económico, cuando los recursos propios resultan insuficientes. Si bien estos instrumentos crediticios constituyen una herramienta valiosa para el desarrollo municipal, su aplicación debe ejercerse con prudencia, priorizando un riguroso análisis de viabilidad financiera y sostenibilidad institucional a mediano y largo plazo. Esta decisión implica compromisos financieros con elevados costos de transacción, que pueden exacerbar la situación fiscal y comprometer la estabilidad económica del Gobierno autónomo municipal.
En lugar de perpetuar el endeudamiento de la ciudadanía, la administración municipal debería orientar sus esfuerzos hacia la reducción del gasto corriente, la eliminación de ineficiencias operativas y la optimización del uso de los recursos públicos. De esta manera, se garantizaría una inversión que impulse efectivamente el desarrollo urbano y social, sin menoscabar la estabilidad financiera a largo plazo.
En consecuencia, resulta imperativo no presentar ante la población la aprobación del Plan Operativo Anual (POA) 2026 como un triunfo técnico que culmina un ciclo de bloqueos políticos motivados por disputas de orden y revanchas personales; por el contrario, es esencial demostrar que no se trata de soluciones parches momentáneos, sino que, por lo menos en esta fase final de su gestión, demuestren un compromiso institucional genuino y responsable, donde las acciones y determinaciones apegadas a sus atribuciones y competencias legales y técnicas, trasciendan en soluciones definitivas y sostenibles.
La capital Sucre y sus ocho distritos municipales exigen y merecen una gestión municipal comprometida, responsable y próxima a la ciudadanía, con participación activa de sus representantes, con respuestas claras y efectivas, con obras y proyectos ejecutados con rigor técnico, transparencia administrativa, medidas cuantificables y un enfoque orientado a resultados tangibles.
