Mas personas involucradas en la cultura se encuentran en vilo, a la espera de la decisión que tome el nuevo gobierno respecto al ministerio que maneja ese sector.
Hasta antes de la posesión de Rodrigo Paz y Edmand Lara como presidente y vicepresidente del Estado, respectivamente, existía una cartera de Estado con el nombre de Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Llevaba los dos últimos denominativos por razones evidentemente ideológicas. Por eso mismo, su tarea fue la de un ministerio de cultura —o de culturas—, que se encargó de todo lo referido a lo que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, por sus siglas en inglés) define como un conjunto de rasgos distintivos que caracterizan a una sociedad, abarcando tanto el patrimonio material como el inmaterial, y promueve su preservación y diversidad a nivel mundial.
Sobre esa base, la Unesco ubicó a la cultura como el cuarto pilar del desarrollo sostenible y, hace solo unos días, el 4 de noviembre, se recordó el día de esa organización internacional, fundada en 1945, tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial. Su propósito fue —y sigue siendo— construir la paz en la mente de las personas a través del conocimiento, la cooperación y la comprensión mutua. Desde entonces, la Unesco protegió patrimonios materiales e inmateriales, promovió la libertad de expresión e impulsó la educación y la ciencia como cimientos de sociedades más justas.
Sucre y Potosí lograron inscribir sus sitios en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad y la segunda, recientemente, hizo lo propio con la festividad de Ch’utillos, lo que justifica la relación directa que ambas tienen con la Unesco. Son logros simbólicos, poderosos, que recuerdan que la identidad también se construye y se defiende, y que darles todo el valor y el cariño a las tradiciones para que sean reconocidas contribuye, precisamente, a su sostenibilidad.
Pero claro, no basta con el reconocimiento. La cultura —más allá del folclore— requiere de políticas serias, recursos sostenidos y una visión que la entienda como una inversión, no como un gasto. La cultura es el epicentro del ser, y aquello que fluye desde las pulsiones creativas para reivindicarnos como especie y como sociedad, pero también acaba siendo la primera víctima en tiempos de crisis.
La riqueza cultural excepcional de Sucre y Potosí corre el riesgo de fosilizarse, si solo se la celebra sin proyectarla. Conservar no significa congelar. Cada danza, cada canción, cada oficio y cada historia deben evolucionar con su tiempo, dialogar con lo contemporáneo, abrirse al mundo sin perder su raíz.
No podemos esperar que la Unesco, ni ningún otro organismo externo, resuelva lo que nos corresponde. La defensa y promoción de la cultura boliviana empieza en casa, con decisión política, compromiso ciudadano y una mirada que, si no es capaz de reconocer la belleza y la cultura como parte esencial de la convivencia, al menos contemple que en la cultura también se juega el futuro económico de esta tierra apostando por el turismo y el desarrollo sostenible sin chimeneas.
Por esas y otras razones es importante sopesar muy bien la cuestión del Ministerio de Cultura, su continuidad o su desaparición, como ya se ha planteado desde las altas esferas gubernamentales en el marco de la reestructuración con fines de recorte presupuestario. Sea cual fuere la decisión que vaya a asumirse, debe ocuparse específicamente de atender los rasgos distintivos que caracterizan a la sociedad, además de, por supuesto, sus actividades intrínsecas, sin mezclarse con el manejo de la administración de justicia, que, por donde se vea, discurre por caminos distintos.
