En pleno siglo XXI, Sucre, la Capital Constitucional de Bolivia, una ciudad que se enorgullece de su historia y de su patrimonio cultural, alberga en sus barrios una gran parte de la población que no cuenta con el derecho básico de acceso al agua potable. Para estas familias, que viven en las zonas altas, abrir el grifo se convierte en una ilusión: el agua no suele salir durante el día y generalmente deben esperar hasta altas horas de la noche, o la madrugada, para intentar conseguir, aunque sea, un chorrito; y si no tienen suerte, esperar hasta la siguiente madrugada para llenar sus tanques, bidones y tachos; como última opción, a la cisterna que pasa por su barrio, dependiendo del día, para cubrir sus necesidades.
Esta realidad no es desconocida para nadie; el problema no es nuevo y se ha arrastrado durante años. Cada autoridad promete soluciones, pero estas nunca se concretan. Al contrario, con el tiempo, la falta de agua, la baja presión y el suministro irregular se van agravando. En términos de gestión pública, esto ya no es simplemente una falla técnica o un problema de tuberías, conexiones o aducciones que puedan repararse fácilmente, sino un déficit en la dignidad urbana: falta, o insuficiencia de condiciones básicas y adecuadas en el entorno urbano, que afecta la calidad de vida y el acceso a derechos fundamentales de las personas.
Esta situación se vive en barrios o zonas altas específicas como Alto Huayrapata, Alto Delicias, Villa Margarita, Villa Armonía, Alto San Antonio, Av. Marcelo Quiroga, y en más de una veintena de otros lugares. Se estima que más de 3.000 familias interrumpen su sueño para recolectar el poco líquido elemento que llega con mínima presión. “Nos levantamos a las dos o cuatro de la mañana para esperar que chorree agua y poder llenar mis baldes y bidones antes de que se acabe”, cuenta la señora Rosa C., vecina de Alto Huayrapata, que menciona que todo este tiempo se ha convertido en su rutina y hasta su normalidad. Otra madre de familia afectada dice que no pagó durante tres meses: “’No voy a pagar’, dije, ‘¿por qué voy a pagar si no he recibido agua?’. Pero las boletas de cobro llegan puntualitas y, ojalá fuera mínimo, no, señor, como si hubiera llegado y consumido harta agua, y para colmo nos han cortado y ahora tengo que pagar por la reconexión más”.
Así, la escasez de agua se traduce en un doble castigo para las familias afectadas: por un lado, la falta del recurso básico genera incertidumbre e inquietud que golpean emocionalmente a los usuarios; por otro, deben afrontar el pago por un servicio que no recibe efectivamente. Además, con esos pagos se financian los Gastos Corrientes de Elapas (servicios personales, no personales, materiales y suministros), los cuales superan el 52% del presupuesto anual; en contraste, solo el 29% del presupuesto se destina a inversión (activos reales), según el Informe de Rendición Pública de Cuentas 2024. Este informe también revela limitaciones significativas como la ausencia de datos sobre la estructura tarifaria vigente, la escala salarial, la disponibilidad del caudal requerido según estaciones y las pérdidas técnicas en el sistema de abastecimiento.
La gran promesa de las autoridades nacionales y locales, que generó expectativas y esperanza, fue la puesta en marcha del Proyecto Agua Sucre III - Fase 1. Ejecutado por Elapas desde mayo de 2024 hasta mayo de 2028, tiene como objetivo duplicar el caudal de agua potable para abastecer a la ciudad con una inversión que asciende a Bs 240.305.179. El proyecto comprende la ejecución de un sistema de aducción de tres túneles, con una longitud total de 7,71 km, desde el río Ravelo hasta el área de emplazamiento de la zona de Santa Catalina, y la construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable.
Otro proyecto que sería una verdadera solución estructural al problema es la Presa Reguladora en la Cuenca Ravelo, y Mejoramiento Aducción Tumpeka – Fisculco (Sucre III – Fase II); sin embargo, hasta la fecha se advierte que sigue siendo solo un documento, un convenio suscrito en la efeméride chuquisaqueña de mayo de 2025 con el nivel central del Estado (Ministerio de Medio Ambiente y Agua) que se comprometió a financiar el estudio y a buscar fuentes de financiamiento.
En consecuencia, la desigualdad en el acceso de agua en Sucre, al margen de ser un problema social, se constituye en un problema técnico estructural que requiere una determinación política y técnica en materia de inversión y priorización de necesidades públicas. Esta situación expone y revela las reiteradas propuestas y promesas incumplidas en cada gestión gubernamental y de Elapas, dejando a la población afectada y con una solución pendiente, pese a los compromisos institucionales e incluso normativos que reconocen y garantizan el acceso universal al agua potable como un derecho fundamental.
* Es economista, especialista municipal y gestión pública.
