El gobierno de Rodrigo Paz avanza en la reestructuración institucional del Estado y si no lo hace más rápido es por el conflicto interno que lo enfrenta directamente con el segundo al mando, el vicepresidente Edmand Lara que, a esta altura de los acontecimientos, se va constituyendo en su principal opositor político.
Hasta ahora, Paz ha mostrado señales de trabajo, incluso acudiendo en persona a lugares donde surgieron emergencias por desastres naturales, mientras que Lara empezó con dos viajes internacionales, los que no le impidieron utilizar sus redes sociales para criticar a su propio gobierno. Después de su participación la COP30 de Brasil, ayer estuvo en Paraguay, adonde se dirigió para ver la final de la Copa Sudamericana —la que debió ser en Santa Cruz de la Sierra, pero se perdió una inmejorable oportunidad económica debido a la incapacidad conocida por todos—.
El Presidente redujo ministerios y el cambio más sonado fue el de la desaparición del de Justicia; precisamente como corolario de una de las pugnas con el Vicepresidente, pero también en cumplimiento de una promesa electoral.
La nueva estructura del Órgano Ejecutivo está definida en el Decreto Supremo 5488, y ahí estaba el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, pero luego vino la supresión. El último decreto publicado es el presidencial No. 5491, que designaba a Jorge Franz García Pinto como Ministro de Justicia cuyo nombramiento, según aclaró el primer mandatario delante de él, quedó sin efecto a las pocas horas de haberse dado a conocer la noticia.
El DS 5488 restablece el Ministerio de Minería y Metalurgia, por lo que seguirá siendo independiente del de Hidrocarburos; así, se salda una de las polémicas planteadas en torno a la nueva estructura gubernamental.
Otra es la del exMinisterio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, que ahora forma parte del Ministerio de Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía con el Viceministerio de Culturas y Folklore. La ministra Cinthya Yáñez, en entrevista con CORREO DEL SUR que se publica este domingo, tras las críticas vertidas por esta medida, aclara con firmeza que “Culturas tiene un Ministerio y es el que yo voy a dirigir”.
“Durante los últimos años, el ministerio ha sido una dependencia política y una bolsa de salarios para una organización social. Entonces, los artistas y gestores tienen que estar contentos, porque ahora sí haremos culturas en serio. Y lo haremos con su participación. Habrá meritocracia, técnica y diálogo. Les digo con absoluta claridad: la cultura no pierde jerarquía, gana capacidad de acción”, dice Yáñez a continuación y sus declaraciones —que no se limitan a este tema— son una buena señal, sobre todo, para Sucre y Potosí, dos ciudades especialmente interesadas en una gestión eficiente de las áreas que comprende este ministerio: Turismo Sostenible, Culturas, Folklore y Gastronomía. De estas depende, en gran medida, la economía de sus departamentos de Chuquisaca y Potosí.
Se cuestionó también la eliminación del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, absorbido por el de Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente. Activistas, del mismo modo, han expresado su preocupación por esto y han salido a manifestar sus demandas, entre las que destaca su petición de que al menos el 30% de la superficie terrestre se mantenga conservada hasta 2030, en consonancia con la Meta 3 del Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal, que busca proteger al menos ese porcentaje de las tierras y mares del planeta para ese año.
Todo esto en apenas dos semanas. El Gobierno está haciendo cosas buenas y malas, como ocurre en cualquier gestión política, pero si algo no se le puede reprochar es que viene dando que hablar (lo que siempre es un buen síntoma: “Ladran, Sancho, señal de que cabalgamos”, dice la conocida frase), más que su antecesor y en un tiempo mínimo. Los avances más importantes hasta el momento tienen relación con el abastecimiento de diésel y gasolina a las estaciones de servicio y la decisión de terminar con la injerencia en el Órgano Judicial, lo que en las últimas dos décadas significó persecución política y falta de independencia en la administración de justicia en el país.
