La llegada al poder del vicepresidente electo Edmand Lara ha vuelto a poner en tela de juicio un tema varias veces postergado: la reforma de la Policía Boliviana. Se adjudica la popularidad de Lara, precisamente, a sus permanentes denuncias de corrupción al interior de la institución del orden, un problema hasta ahora sin solución.
No se trata de algunos “malos efectivos”, como se suele afirmar, sino de un sistema en el que la compraventa de destinos, la coima e incluso el encubrimiento de delitos y el uso privado de los recursos públicos forman parte de la cotidianidad. La falta de controles efectivos ha naturalizado prácticas que minan la confianza ciudadana. Y sin una Policía confiable, cualquier esfuerzo por fortalecer el Estado de derecho está condenado a la fragilidad porque la institución llamada a garantizar la seguridad se convierte en fuente de inseguridad y de abuso.
Superar esta realidad exige un plan integral, sostenido en el tiempo y blindado frente a las tentaciones del poder político. En primer lugar, la selección y formación policial deben ser profundamente reformadas.
Los ingresos no pueden seguir dependiendo de contactos, apellidos o aportes económicos. El mérito, la transparencia y la vocación de servicio deben guiar el ingreso a la carrera policial. A la par, es imprescindible implementar evaluaciones periódicas de desempeño, con participación de instancias externas que garanticen la objetividad.
En segundo lugar, la estructura de financiamiento de la institución debe ser replanteada. Para empezar, desde siempre se ha sostenido que los policías necesitan tener salarios dignos, acordes con la responsabilidad de su cargo, mientras que los recursos materiales que les permiten trabajar deben estar debidamente garantizados por el Estado.
El tercer elemento pasa por contar con un sistema robusto de control interno y externo. La Inspectoría, hoy más preocupada en proteger jerarquías y castigar a los subalternos antes que en investigar a los mandos, debe ser reemplazada o al menos supervisada por instancias independientes, con participación activa de la sociedad civil y de organismos de derechos humanos.
El Ministerio Público, a su vez, tiene que asumir un rol más firme, garantizando que las investigaciones no terminen en sanciones menores o procesos que prescriben. La corrupción policial es estructural y, por tanto, debe investigarse como red: cadenas de mando, circuitos financieros, vínculos políticos y beneficios económicos que mantienen el actual estado de cosas.
La tecnología puede jugar un papel decisivo. El uso de cámaras corporales en operativos, sistemas de trazabilidad digital de multas y decomisos, controles biométricos de asistencia y un registro público de patrullajes permitirían reducir el margen de discrecionalidad, fortalecer la rendición de cuentas y brindar a la ciudadanía herramientas para exigir transparencia. Sin estos instrumentos, los discursos de cambio corren el serio riesgo de quedar solo en buenas intenciones.
Acabar con la corrupción policial no es tarea de un gobierno ni de una gestión aislada, sino un compromiso de Estado que requiere voluntad política, coordinación interinstitucional y respaldo social.
