En Chuquisaca atravesamos una situación que no solo es socialmente preocupante, sino jurídicamente alarmante: un aumento sostenido de hechos tipificados como homicidio–suicidio y muertes violentas con indicios de autoeliminación, investigados bajo una dirección funcional que obliga al Ministerio Público a iniciar la investigación de oficio ante la noticia fehaciente de una muerte violenta, conforme disponen los artículos 289 y 297 del Código de Procedimiento Penal.
Las estadísticas institucionales suman medio centenar de casos de homicidio-suicidio en Chuquisaca, entre enero y noviembre de 2025, cifra que ya supera los 46 casos reportados de la gestión anterior. Solo en Sucre, los números son altos, dolorosos y difíciles de ignorar porque detrás de cada antecedente hay una historia de sufrimiento, angustia y dolor. Además, en un solo fin de semana reciente, las autoridades municipales atendieron 12 gestos suicidas de jóvenes, lo cual devela que hay una problemática más allá de nuestra percepción y que requiere intervención inmediata.
Desde el Ministerio Público, reconocemos que no podemos enfrentar este desafío solos porque nuestro mandato es proteger la vida, garantizar la investigación de muertes violentas —incluidos los casos de homicidio-suicidio— y promover el acceso a la justicia, aunque también debemos entender que prevenir el suicidio es una cuestión social, de salud pública y de corresponsabilidad.
Esta reflexión es la que nos motiva a movilizarnos más allá de la investigación penal, este fenómeno exige de nosotros —como Estado— una mirada más profunda. El derecho a la vida, consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, no solo impone la obligación de investigar su vulneración, sino también la obligación positiva de prevenir situaciones que pongan en riesgo la integridad física, psicológica y emocional de las personas.
En virtud de esta realidad, la Fiscalía Departamental de Chuquisaca ha promovido e impulsado la conformación de la Primera Mesa Interinstitucional Permanente de Prevención del Suicidio en Bolivia, con sustento en la articulación prevista por las leyes de Participación y Control Social y de Coordinación Intergubernativa, que facultan a entidades públicas a unificar acciones de prevención y cooperación para problemas complejos de carácter social. Este esfuerzo interinstitucional reúne a instituciones de salud, educación, seguridad pública, justicia, gobiernos locales, universidades y otras organizaciones, con el propósito de diseñar acciones que trasciendan la respuesta punitiva y orienten un abordaje coordinado, multisectorial y de carácter preventivo.
¿Qué buscamos? Homogeneizar, en lo posible, el accionar de todos los actores institucionales en base a compromisos con sustento jurídico y técnico: activar en forma temprana, rutas de prevención, detección, intervención, contención, seguimiento y apoyo psicológico, fortaleciendo las líneas de ayuda y los servicios de salud mental, garantizando respuestas integrales y coordinadas frente a situaciones de riesgo, con un enfoque comunitario de intervención social en busca de reducir factores de riesgo y fortalecer factores protectores, mediante la participación activa y coordinada de cada uno de los integrantes, instituciones locales y redes de apoyo.
Hacer un seguimiento permanente para evaluar si las acciones coordinadas son eficaces y ajustar las estrategias desplegadas, garantizando su pertinencia, oportunidad e impacto en la prevención y atención integral.
Sensibilizar a la sociedad, mediante la incorporación de padres de familia, maestros y jóvenes con el propósito de detectar señales tempranas de riesgo, para activar oportunamente mecanismos de apoyo y contención.
Sistematizar la información, garantizando su registro, análisis y tratamiento oportuno, para la toma de decisiones y diseño de políticas públicas orientadas a la prevención, atención y protección, en el marco del ejercicio pleno del derecho a la salud mental.
Hemos llegado a entender que el rol del Ministerio Público, en este escenario, no debe limitarse exclusivamente al ejercicio de la acción penal pública, sino también a la defensa de la legalidad, los intereses generales de la sociedad y la protección de los derechos humanos, en ese marco nos vemos obligados y comprometidos a asumir un papel activo como promotores de políticas integrales de prevención, orientadas a la protección de grupos en situación de vulnerabilidad.
Como Fiscal Departamental, me corresponde subrayar que la prevención del suicidio no puede depender únicamente de los esfuerzos institucionales, sino, y sobre todo, de cada ciudadano que debe asumir un papel protagónico en su familia, contribuyendo a la detección temprana, la contención oportuna y el apoyo emocional. La familia, la escuela, el barrio, los amigos, las instituciones públicas y privadas: todos conformamos una red social que debe fortalecer su compromiso y actuar de manera coordinada para proteger y salvar vidas.
Como autoridad responsable de proteger la vida y de promover la justicia, me resulta urgente elevar este llamado a nuestra sociedad para que actuemos sin dilación, e impulsemos medidas de prevención reales, efectivas y conjuntas.
Como autoridad encargada de proteger la vida y de promover la justicia, considero urgente elevar este llamado a toda la sociedad, para que actuemos sin dilación y nos comprometamos a impulsar medidas de prevención concretas, efectivas y coordinadas mediante acuerdos y compromisos interinstitucionales, que contribuyan de manera real a la protección de la vida y al bienestar de nuestra comunidad, ya que la protección de la vida no es solo un deber legal del Estado, sino un compromiso ético y social que nos concierne a cada uno de nosotros.
Como Ministerio Público, reafirmamos nuestra obligación constitucional de investigar todo hecho delictivo, pero también asumir el rol humano para prevenir y promover políticas integrales de protección, pero sabemos que la verdadera prevención surge cuando familias, escuelas, comunidades e instituciones trabajan juntas, por ello hago un llamado a fortalecer nuestra red de vida, actuando con responsabilidad y humanidad, recordándoles que cada acción de cuidado puede salvar una vida.
* El autor es Fiscal Departamental de Chuquisaca.
