La salida de los magistrados “auto prorrogados” es interpretada como un buen primer paso en la titánica tarea de devolverle la dignidad perdida a la justicia boliviana. El descrédito de la justicia en Bolivia es un fenómeno persistente, transversal y corrosivo. La ciudadanía percibe que la justicia es lenta, parcial, vulnerable a las presiones políticas y a menudo, alejada del interés público. Esta situación no solo mina la confianza institucional: también perpetúa la impunidad, desalienta la inversión y obstaculiza el ejercicio pleno de derechos. En este contexto, urge pensar y poner en marcha reformas que, sin caer en maximalismos, contribuyan a fortalecer la independencia y transparencia de los tribunales.
A continuación, nos permitimos presentar algunas sugerencias en ese sentido:
Restablecer la meritocracia en el acceso y permanencia judicial, lo que es compatible con mantener la elección popular. A quien se reemplaza es a la Asamblea Legislativa que desde siempre ha manejado este proceso como botín político. Es indispensable implementar procesos de evaluación técnica y pública que prioricen la trayectoria, la idoneidad y la ética. Los mecanismos actuales han demostrado ser insuficientes y a menudo funcionales a la lógica de cuoteo partidario. Apostar por un sistema mixto, en el que la sociedad civil y la academia participen activamente, podría devolverle legitimidad al proceso.
Garantizar un presupuesto independiente y suficiente. Una justicia pobre es una justicia subordinada, y aunque de por sí no garantice el fin de la corrupción, la hace más “selectiva”. Hoy, el Órgano Judicial depende excesivamente del Ejecutivo para definir y ejecutar su presupuesto. Esa dependencia financiera se traduce en vulnerabilidad política. Se requiere un marco legal que asegure recursos estables y suficientes, asignados con criterios técnicos y auditados con transparencia, para garantizar la operatividad de los tribunales y la formación continua de sus operadores.
Crear una agencia autónoma de evaluación judicial. El país necesita una instancia especializada, ajena al aparato político, encargada de evaluar periódicamente el desempeño de jueces, fiscales y defensores públicos. Esa agencia podría emitir informes públicos, proponer sanciones disciplinarias y monitorear estándares de calidad, garantizando un control técnico y sostenido del sistema.
Promover la justicia abierta y el acceso a la información. La digitalización de expedientes, la publicación de fallos, la transmisión de audiencias clave y el acceso libre a estadísticas judiciales son pasos fundamentales hacia una justicia más comprensible y menos opaca. La justicia no solo debe ser imparcial: debe parecerlo. Y para ello, debe abrirse a la ciudadanía, a los medios y a las universidades con voluntad pedagógica y rendición de cuentas.
Blindar al juez de la interferencia partidaria. El uso de la justicia como arma política es una de las patologías más graves del sistema. Para combatirla, se requiere un marco legal que penalice severamente la injerencia de actores políticos en decisiones judiciales, así como canales seguros para que los operadores denuncien presiones sin temor a represalias. La independencia no es un privilegio del juez: es una garantía para toda la sociedad.
No hay democracia sólida sin justicia digna. Las reformas judiciales no son un asunto técnico reservado a especialistas: son un imperativo ético y político que involucra a toda la ciudadanía. Bolivia merece una justicia que defienda al débil frente al poder, que repare los daños en lugar de agravarlos, y que sirva como pilar de una convivencia civilizada. No es utopía: es una deuda pendiente que debemos empezar a saldar.
