El pasado 25 de noviembre se recordó el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1999 en conmemoración al asesinato de las hermanas Mirabal, que se opusieron a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana y fueron emboscadas y asesinadas un día como hoy, pero de 1960.
Lamentablemente, mientras que en muchas latitudes la violencia se mantiene o se reduce, aunque sea en niveles modestos, en otras —como Bolivia— los casos de vulneración de derechos contra las mujeres se incrementan, pese a los discursos y a la aprobación y endurecimiento de normas sobre la materia.
La prueba de lo insuficientes que en la práctica resultan los esfuerzos para afrontar el problema es que ha obligado a los gobiernos del mundo y a los organismos internacionales a dar al tema un lugar entre sus prioridades. Naciones Unidas, por ejemplo, considera que el tema de la violencia contra las mujeres debe ser abordado con los mismos criterios con los que se lucha contra las pandemias de salud pública.
Los datos que respaldan esa apreciación son elocuentes. Según estadísticas oficiales difundidas por la ONU, alrededor del 70 por ciento de las mujeres de todo el mundo asegura haber sufrido una experiencia física o sexual violenta en algún momento de su vida y la mitad de ese porcentaje sufrió, o sufre, alguna forma de agresión sexual antes de cumplir los 16 años de edad.
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al menos 3.828 mujeres fueron víctimas de feminicidio el año pasado en Latinoamérica. Esa cifra representa 11 muertes por razón de género cada día.
En medio de tal panorama, Bolivia tiene una Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, la 348, una norma que no pocos juristas consideran de avanzada e incluye figuras que realmente protegen a las personas de sexo femenino víctimas de cualquier tipo de violencia ejercitada por sus parejas; empero, no ha servido para disminuir los índices de casos.
Por otro lado, la información sobre la violencia ejercida en contra de las mujeres ha disminuido considerablemente en los últimos meses y no está disponible en el portal de la Fiscalía General del Estado, como ocurría antes, con actualizaciones periódicas. El último informe fue proporcionado por la fiscal Superior en Razón de Género, Alejandra Rocha Villarroel, quien en julio dijo que, del 1 de enero al 30 de junio de 2025, el Ministerio Público atendió 22.906 denuncias por delitos inmersos en la Ley 348.
Según informes de la agencia de la ONU para asuntos de género, Bolivia ocupa el primer lugar del índice de violencia física contra las mujeres, y el segundo, solo después de Haití, por la cantidad de mujeres —gran parte de las cuales son menores de edad— víctimas de violencia sexual, además de la física.
Los reportes informativos diarios muestran que este problema tiende a agravarse, lo que obliga a perseverar en los esfuerzos necesarios para combatir el fenómeno, propósito que tiene como uno de sus principales requisitos la comprensión de los factores que lo causan.
