Es inevitable que para salir de la iliquidez e insolvencia fiscal de la crisis económica, tras 20 años de mala administración, se recurriera al endeudamiento, al amparo proteccionista de países como EEUU y... a cuanta apertura permita captar recursos externos para el país, incluso del “financiamiento climático” con argumento de desarrollar una economía verde, que ojalá se cumpla.
Este año, 188 países más la Unión Europea participaron de la COP30 en Brasil. El gran ausente, EEUU por no aceptar Trump el cambio climático. Los países ligados a la OPEP y sus aliados: Rusia, Arabia Saudita e India, se opusieron a la firma de una hoja de ruta propuesta por Lula da Silva, planteando reemplazar la dependencia económica de los combustibles fósiles en base a las determinaciones de la COP28 de 2023 en Dubái. Esa oposición marcó la ambigüedad del documento final, omitiendo dejar atrás los combustibles fósiles y dejando el financiamiento mínimo de 300.000 millones de dólares anuales –ya acordado en la COP29 de Bakú– aceptando la solicitud del G77+China de triplicar esos recursos y en la perspectiva de alcanzar un objetivo de 1,3 billones de dólares anuales hasta el 2035 para la adaptación climática. Persiste la situación de que países en desarrollo, frente a emergencias climáticas, no puedan cubrirlas con sus finanzas públicas y recurran al endeudamiento externo, limitando más la transición energética. Varios países ricos direccionan a la recurrencia de préstamos y financiación privada, quitando la posibilidad de que garanticen financiamiento de ayuda para enfrentar esas situaciones.
Pero, ¿cuál es el contexto en Bolivia?
La explotación minera orientada a una descontrolada extracción ilegal del oro en esta década –con regulación permisiva– está degradando ecosistemas, contaminando el agua con mercurio y afectando la salud de las poblaciones del entorno. Por otro lado, la afectación ambiental del crecimiento de la agroganadería, con avance desmedido de la desforestación para ampliar el espacio agrícola, y el uso de agroquímicos generaron riqueza –con divisas protegidas en paraísos fiscales– para los grandes beneficiarios. No obstante, la falta de diésel habría disminuido el 25% de la producción en perjuicio de la exportación y, sobre todo, de la seguridad alimentaria interna con una creciente inflación.
En reuniones previas al viaje de la delegación asistente al COP30, se adoptó una posición contraria a la que Bolivia mantuvo antes con Evo Morales: oposición a la “mercantilización de la Madre Tierra”. Obviamente, la participación se focalizó en una reunión con André Corrêa do Lago, pdte. de la COP30, con el objetivo de “financiamiento climático y mercados de carbono”. Participaron del panel “Convergencia de los mercados de carbono” con una posición de aceptación a pagos por resultados. Presidieron la primera reunión del Grupo de Países en Desarrollo sin Litoral, con similar orientación.
El entonces Ministerio de Medio Ambiente y Agua en su página web señalaba que esa posición fue “lo que dio apertura a nuevas ventanas de financiamiento, incluyendo mercados de carbono, pagos por resultados e inversiones en soluciones basadas en la naturaleza”. Mientras, en Bolivia se redujeron ministerios de gobierno para disminuir en algo el gasto público del enunciado 30% de reducción.
Luego, el Gobierno optó por eliminar solo cuatro impuestos –que incomodaban principalmente a grandes empresarios privados– explicando que serviría para atraer más y mayores inversiones, además del retorno de dólares para reinversión; justificó la acción señalando que captar esos impuestos es nada en comparación a los gastos administrativos que implica.
El giro político de las elecciones nacionales hizo que la confianza colectiva fuera “in crescendo”. Las principales causas de la crisis económica estaban identificadas y se tenían asegurados créditos externos. La disminución del aparato estatal, con el cierre de Emapa y empresas estatales deficitarias, coadyuvaría a la disminución del 4% del déficit fiscal del 12% en total. Entonces era el momento oportuno para los ajustes a la subvención del diésel y gasolina, la devaluación de la moneda y otras medidas a fin de disminuir más el déficit fiscal, dejando la libre acción del mercado como factor regulador.
No olvidemos que la deuda pública supera el 80% del PIB. En este contexto el factor clave de acción urgente está en la eliminación de subvenciones, que generan la mayor sangría de recursos al país. Cuanto antes se aplique, mayor será la posibilidad de neutralizar los escollos políticos (la quinta rueda en contrarruta, el derrumbe de piedras viejas, etc.) y el rechazo social inminente. Si bien empezó una estabilidad en movimiento, la tranca son las subvenciones.
